El año que termina, deja en la memoria colectiva de los mexicanos la tragedia ocurrida la noche del 25 de octubre en Acapulco y municipios aledaños, por el impacto descomunal del Huracán Otis que con su fuerza de categoría 5, causó 47 defunciones, 60 desaparecidos y la devastación de la infraestructura del puerto, hotelera y de viviendas.
Por si hiciera falta, este desastre dejo bien claro que ante el cambio climático y las diversas crisis en que vivimos, es indispensable desarrollar en México nuestra capacidad de prevenir y atención de estos fenómenos.
En el balance del año 2023, quedó el registro de 509 eventos de gran magnitud, tanto de origen natural como provocados por el hombre que ocurrieron en en diversos puntos del territorio de México, los cuales causaron 481 defunciones y pérdidas económicas estimadas en 11 686 millones de pesos.
Un desastre es un hecho trágico, de gran magnitud que causa de manera directa e indirecta gran daño material, en salud, en vidas humanas, en el ambiente y en la economía, a diversos sectores de la sociedad que trastornan de manera brusca y frecuentemente a mediano y largo plazo, la vida de las personas, familias y de la sociedad.
Una emergencia es la situación grave que puede ocurrir por los riesgos existentes o consumada, ocasionada por un desastre y que requiere de manera urgente su atención.
Los desastres pueden ser naturales, sin intervención de los humanos o antropogénicos causados por su intervención. Entre los naturales están los hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos. El 81% del total, son hidrometeorológicos.
Aunque su afectación es a toda la población, el daño generalmente es más severo en las personas, grupos sociales y comunidades más expuestos y vulnerables.
De las personas con discapacidad alrededor del 80% tienen discapacidad leve y moderada y solo en el 5% es severa con dependencia total.
Precisamente uno de esos grupos es el de las personas con discapacidad. Por esta razón el derecho a la igualdad y a la inclusión de las personas con discapacidad tiene un punto crítico en el tema de emergencias y desastres.
El 84% de las instituciones, establecimientos y localidades carecen de un programa para la prevención y protección de las personas con discapacidad en el caso de desastre y emergencias. Solo en el 39% de los casos de desastre, se pudieron evacuar de manera inmediata a las personas con discapacidad.
Es claro entonces que, aunque la sociedad y el gobierno están trabajando en ello, queda aún un largo camino que recorrer para garantizarles de manera efectiva la protección y seguridad que requieren.
Al estar entretejidos los desastres naturales con la desigualdad social imperante, que puede ser tan desastrosa como la natural: los riesgos y los daños a las personas con discapacidad pueden llegar a ser de una gran magnitud, sin embargo, por la misma estructura inequitativa de la sociedad, quedan invisibilizados, no identificados, no medidos y por lo tanto no atendidos.
Un ejemplo fue lo ocurrido en el pasado desastre y emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Todavía no se sabe cuántas personas con discapacidad se infectaron, se complicaron con otras enfermedades, empeoraron su discapacidad, su dependencia, cuántos quedaron sin atención, cuántos de sus cuidadores murieron, cuántos perdieron su escaso patrimonio, cuantos quedaron abandonados, cuantos fallecieron, en qué medida se deterioró su calidad de vida y fueron violados sus derechos humanos.
No se sabe, no se vio, no se investigó, no hubo marchas y mítines de personas con discapacidad protestando, entonces oficialmente nada de esto ocurrió, ni existió.
Pero como toda experiencia puede convertirse en aprendizaje y persisten las secuela sociales y económicas del COVID-19 y de otros desastres naturales, en México algunas instituciones como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, han retomado la responsabilidad de prevenir, proteger y atender a las personas con discapacidad ante los desastres y emergencias.
En ese sentido, la Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas en coordinación con Protección Civil de la CDMX, impartieron el pasado 28 y 29 de noviembre, una Capacitación en modalidad virtual, sobre gestión de riesgos de desastres, a brigadistas y personas con discapacidad con enfoque de Derechos Humanos.
Algunas de las respuestas que dieron las personas con discapacidad al preguntarles sobre su experiencia en una emergencia por temblor, fueron: “Estuve sola en casa durante el sismo, no puedo hacer mis necesidades sin apoyo. Sentí que moriría de miedo”. “Todos mis compañeros del trabajo salieron y me dejaron solo en el quinto piso”. “Me cargaron de costalito y olvidaron mi silla de ruedas”
De esta manera se logró que el gran número de participantes adquirieran conocimientos sobre las medidas de prevención para la inclusión de personas con discapacidad en emergencias.
La tarea es entonces que contando con un marco jurídico internacional, nacional y estatal tan desarrollado para la protección de los derechos humanos y de la inclusión de las personas con discapacidad, empecemos para hacerlo realidad, elaborar un programa y un protocolo para evacuarlos de sus hogares, centros de trabajo e instalaciones públicos en caso de desastres y emergencias.
¿Tú ya conoces el del lugar en que trabajas?
La convocatoria a la sociedad hoy más que nunca es la de, “no dejar a nadie atrás”.
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