Ciudad de México, 10 de diciembre.- La diputada Wendy Maricela Cordero González del Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, específicamente los artículos 389 bis y 389 bis 1, con el objetivo de digitalizar los certificados de nacimiento en México. . Este cambio busca garantizar la certeza jurídica y los derechos fundamentales de las niñas y niños del país desde su nacimiento.
La propuesta establece que los médicos y personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente estarán obligados a digitalizar los certificados de nacimiento en un sistema electrónico proporcionado por la Secretaría de Salud. Además, los certificados digitalizados estarán disponibles para consulta y verificación de información.
La iniciativa resalta la importancia del derecho al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y, por ende, a la identidad como derechos primigenios. Estos derechos son esenciales para el acceso a otros servicios fundamentales como salud, educación, protección y participación en la vida económica, cultural y política del país.
La diputada Cordero González destacó que actualmente hay una deficiencia en el registro de nacimiento, especialmente entre la población infantil y adolescente en los estados del sur y centro de México. Las estadísticas indican que en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Puebla y Morelos, la cobertura de registro de nacimiento es significativamente baja.
La falta de registro de nacimiento no solo impide el acceso a servicios básicos como educación y salud, sino que también expone a los menores a riesgos como la trata de personas, matrimonios forzados, adopciones ilegales y reclutamiento forzado. La diputada subraya que la digitalización de los certificados de nacimiento es un paso crucial para combatir estos problemas y garantizar los derechos de los menores.
La iniciativa ha sido girada a la Comisión de Salud para su análisis y discusión. Si se aprueba, representará un avance significativo en la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, además de mejorar la eficiencia en la obtención de estadísticas vitales para el país.

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