Cdmx, 23 de mayo.- ¡Nuevas órdenes de aprehensión sacuden el caso García Luna! Un juzgado de control emitió una orden de aprehensión adicional en contra del ex Secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos desde 2019.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que también se han girado mandamientos judiciales en contra de otras 60 personas, entre las que se encuentran funcionarios públicos y particulares, quienes presuntamente estuvieron involucrados en actividades delictivas en complicidad con el ex funcionario. Entre los implicados se destacan los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto.
Estos sospechosos enfrentan acusaciones por delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Según la FGR, durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de la SSP (2006-2012), los implicados desviaron indebidamente recursos públicos de las cárceles federales.
“Esto con el propósito de canalizar esos fondos ilícitos a empresas controladas por Genaro ‘G’, sus socios y cómplices tanto en el sector público como privado, a través de diez contratos ilícitos, por un monto total de cinco mil ciento doce millones de pesos, los cuales fueron desviados mediante diversas operaciones criminales a nivel internacional”, señaló la FGR.
Cabe mencionar que García Luna ya enfrentaba otras tres órdenes de aprehensión previas. Una de ellas por enriquecimiento ilícito por un valor de 27 millones de pesos, otra por tráfico de armas, debido a su presunta participación en el operativo conocido como “Rápido y Furioso”, y la tercera por otorgar concesiones penitenciarias desfavorables para el Estado.
El pasado 22 de febrero, un jurado en Estados Unidos declaró a García Luna culpable de los cinco cargos por los que fue acusado en la corte federal de Brooklyn, cuatro de ellos relacionados con brindar protección al Cártel de Sinaloa durante 12 años.
Actualmente, el ex alto mando policial se encuentra detenido desde diciembre de 2019 y está a la espera de su sentencia. Debido a la gravedad de los delitos imputados, existe la posibilidad de que sea condenado a cadena perpetua, lo que dificultaría su regreso a México.
La FGR ha solicitado a Interpol la emisión de una ficha roja para el resto de los implicados, con el objetivo de localizarlos y, eventualmente, detenerlos con fines de extradición, para que puedan enfrentar la justicia en territorio mexicano.
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