San Salvador, El Salvador, 17 de mayo.- En respuesta al reciente asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró hoy que su gobierno va a “arrasar” con los pandilleros y aseguró que nunca saldrán de prisión.
Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “Que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”.
La reacción de Bukele se produjo después de que la PNC informara sobre el fallecimiento de un agente en el departamento norteño de Chalatenango, quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba junto a otros policías.
“No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo”, añadió el presidente.
Actualmente, el Congreso de El Salvador, donde el oficialismo tiene una amplia mayoría, se prepara para votar por la decimocuarta ampliación de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, incluido el derecho a la defensa.
En una entrevista televisiva, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que alrededor de 5.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, lo que representa más del 7% de las detenciones, han sido liberadas.
Villatoro rechazó las acusaciones de diversas organizaciones humanitarias sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Hasta mediados de marzo, organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a los derechos humanos, principalmente detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
El gobierno enmarca estas medidas en su denominada “guerra contra las pandillas”, a la que atribuye la reducción de la tasa de homicidios a 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, aunque este dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
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