CD. DE MEXICO, 13 DE ABRIL DE 2023.- El Pleno del Senado de la República aprobó, en unanimidad, el proyecto de decreto por el que se expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, instrumento legislativo que busca establecer procedimientos homologados en todo el país para dirimir las controversias entre particulares.
La votación del proyecto en lo general obtuvo 114 votos a favor; mientras que en lo particular
se registraron 105 votos a favor de la propuesta.
El código consta de mil 191 artículos divididos en 10 libros, además de un régimen transitorio
compuesto por 20 artículos en donde se considera una vacatio legis de cuatro años, es decir,
se dará ese lapso desde la publicación de la norma hasta su entrada en vigor.
La propuesta busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa,
imparcial y expedita, para garantizar a los operadores jurídicos el ejercicio de sus funciones,
habilidades y destrezas, acorde con los derechos humanos, postulados y principios
contenidos en la Constitución.
Asimismo, integra un modelo en el que se impulse el uso de las tecnologías de la información
en los procesos judiciales, con el objetivo de unificar los criterios y bases normativas, a fin de
materializar el ideal histórico de justicia y equidad en la solución de conflictos.
También integra las mejores experiencias en el sistema de impartición de justicia de las
entidades federativas a nivel nacional y tiene una clara y evidente tendencia hacia la oralidad,
la justicia digital, el respeto a los derechos humanos y la protección de aquellas personas que
se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad.
La propuesta atiende a la situación propia y característica de aquellos justiciables
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad; para ello, establece medidas de
protección, apoyos y ajustes de procedimiento para cada caso en particular.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares atiende y plasma a lo largo de su
extenso articulado, las bases y principios jurídicos contenidos en nuestra Carta Magna, como
norma básica y fundamental del cual deben desprenderse todas las demás normas del orden
jurídico positivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, felicitó a las y los
integrantes de las comisiones dictaminadoras por tener la paciencia para encontrar los
consensos, con el fin de establecer en el documento la oralidad como principio en los
procedimientos y privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Además, destacó que no existe memoria de código alguno que contenga elementos en
materia de justicia restaurativa, de mediación y de conciliación. Se trata de un avance
extraordinario a favor de la igualdad y la certeza jurídica, además de que será una
herramienta más para buscar el bienestar social.
La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, presentó una reserva para
armonizar la definición de “perspectiva de género”, que se establece en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el nuevo Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares, misma que fue aprobada por las y los senadores.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, así como los senadores Damián Zepeda
Vidales y Emilio Álvarez Icaza, del PAN y del Grupo Plural, respectivamente, también
presentaron reservas al dictamen; sin embargo, no fueron admitidas por la Asamblea.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, asentó que esta reforma
responde al cumplimiento de la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017 en
materia de justicia cotidiana, así como a la necesidad de homologar los procedimientos del
orden civil y familiar a nivel nacional.
Con ello, subrayó la senadora, se busca robustecer, unificar y agilizar el sistema de
impartición de justicia en todo el país, además de brindar a todas y todos los justiciables una
mayor seguridad y certeza jurídica.
El senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos
Segunda, aseguró que se trata de una reforma progresista que pondrá a nuestro país a la
vanguardia y ayudará a brindar a las y los justiciables una justicia pronta y expedita como lo
establece la Constitución.
“El derecho civil y familiar nos impacta en toda nuestra vida; les pido su voto para aprobar
este dictamen tan significativo en la vida nacional. Reconozco el esfuerzo de las comisiones,
de todos los senadores y los diputados que nos acompañaron, y los exhorto a seguir
escuchando las necesidades de las entidades federativas para poder consolidar reformas
como esta”.
Por Morena, el senador Sergio Pérez Flores celebró las coincidencias que se alcanzaron para
lograr la cristalización de un apartado especial donde se prevén la consignación de alimentos,
las medidas provisionales de protección y separación de personas, así como las reglas de los
procedimientos de la adopción, y las de declaración de ausencia y declaración de muerte.
A su vez, la senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, afirmó que este Código será
protector de la llamada Justicia Cotidiana, es decir, aquella a la que acudirán las familias para
proteger su patrimonio, que vela por el derecho a la identidad y resguarda el núcleo más
importante de nuestra sociedad: la familia.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que millones de personas en el
país sufren una falta de acceso a la justicia por las inconsistencias de nuestro marco jurídico,
por lo que este nuevo ordenamiento atenderá el reclamo social y buscará reducir la brecha de
injusticia que padecen millones de mexicanas y mexicanos.
Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el proyecto tendrá
un gran impacto en la vida de las y los ciudadanos, además de que abonará a la simplificación
de los procedimientos que atañen a la justicia cotidiana, los cuales representan el 70 por
ciento del total de juicios en México.
El senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del PVEM, destacó que se privilegió el Estado de
derecho para aprobar una reforma “innovadora”, que será uno de los más grandes legados
que esta Legislatura dejará a los mexicanos.
Por el PT, el senador Joel Padilla Peña enfatizó que la nueva legislación dotará de
herramientas procedimentales para agilizar el trabajo de todos los involucrados en conflictos
civiles y familiares, además de que promoverá nuevas formas de garantizar justicia a las y los
mexicanos.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el dictamen es un trabajo
meticuloso en el que participaron magistrados y sociedad civil para establecer un nuevo
sistema de justicia civil y familiar, que combata el rezago por complicación procesal,
disparidad en términos, entre otros aspectos.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, destacó que con este dictamen se
atiende una demanda social, porque acerca la justicia cotidiana a los ciudadanos, homologa
los procedimientos, privilegia la mediación y conciliación, además de que con la justicia digital
cierra los cauces a la corrupción.
El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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