La diputada Alejandra Cárdenas Castillejos del PRI refrendó ayer su compromiso de luchar en contra de la violencia familiar, así como también en defensa de las mujeres y la protección de sus hijos, al presentar una iniciativa de reforma al artículo 5° de la Ley Electoral de Tamaulipas para que los deudores de pensiones alimentarias se queden sin derecho a cargos de elección popular.
En la exposición de motivos, la diputada Cárdenas Castillejos revela que en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2022 se reconoce que cada mes se incrementó la comisión de delitos contra la familia, puesto que se registraron 270 mil 546 casos de violencia familiar, además se cometieron 44 mil 805 casos de violencia de género y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
La legisladora priísta destacó que en Tamaulipas se registraron 10 mil 348 casos de violencia el año pasado, de los cuales 7 mil 863 fueron clasificados como violencia familiar.
Recordó que el 13 de abril del 2022, se publicó un decreto con diversas disposiciones relativas al Registro de Deudores Alimentarios para exhibir a las personas que incumplen con las obligaciones alimentarias a favor de sus hijas e hijos, cuya norma legal fue bautizada por los cibernautas en las redes sociales como la “Ley Quemón”.
Ahora con la reforma del artículo 5° de la Ley Electoral en Tamaulipas se reduce aún más el margen de impunidad de los deudores de las pensiones alimentarias en la entidad, sobre todo entre la clase política que se quedarán sin derecho a cargos de elección popular en caso de ser aprobada.
Y digo que en caso de ser aprobada porque hay diputadas que se oponen a castigar a los deudores de las pensiones alimentarias, puesto que privilegian los acuerdos políticos en lugar de apoyar la lucha en contra de la violencia de las mujeres y en la protección de los derechos de los menores.
Se espera que en esta ocasión cambien sus formas de pensar y de actuar para apoyar en forma decidida la iniciativa de la diputada Cárdenas Castillejos, que busca dejar a los deudores de pensiones alimentarias sin derecho a cargos de elección popular, sobre todo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló recientemente la reforma del Congreso Local de Yucatán para declarar constitucional la Ley 3 de 3 en aquella entidad federativa.
Por otra parte, pero sin dejar los temas legislativos, resulta que ayer tomó posesión Juan Lorenzo Ochoa García como nuevo secretario general del Congreso Local, cuya designación se logró por mayoría, es decir por 22 votos a favor y 13 en contra de la fracción del PAN.
El presidente de la mesa directiva del Congreso Local, diputado Isidro Vargas Fernández fue el encargado de tomar la protesta a Ochoa García, quien se comprometió a trabajar para sacar las iniciativas de reformas que se presenten en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
A propósito de nombramientos en el Congreso Local, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Úrsula Salazar Mojica pretende convertir al recinto parlamentario en una verdadera “Cueva de Alí Babá y los 40 ladrones” luego de promover la designación de Adolfo Pastor Paz como Director de Servicios Administrativos.
Cuando se le cuestionó que la llegada de su socio y cómplice al Congreso Local le podría perjudicar por las denuncias de corrupción que tuvo cuando estuvo a cargo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Salazar Mojica argumentó que nunca se le ha descubierto ningún ilícito a pesar de las auditorías que se le practicaron.
Todavía se recuerda aquel vergonzoso episodio de las grabaciones que la delataron cuando daba instrucciones para alterar las facturas a cargo del Conalep en Tampico, por cuya asesoría recibía alguna cantidad en forma ilícita.
Y siguiendo con los temas legislativos, ayer arrancó la plenaria del PAN en el puerto de Tampico para acordar la agenda parlamentaria que tendrán a partir del próximo 1° de febrero, cuyo evento estuvo presidido por el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza, además de los coordinadores de las fracciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, Santiago Creel Miranda y Jorge Romero Herrera, respectivamente.
Entre los temas que estarán presentes en la agenda legislativa del PAN para el 2023, seguramente estará el “Plan B” de la reforma electoral que busca acotar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), además la defensa de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, de los ataque el presidente López Obrador por no seguir la política de colaboración que tuvo con su antecesor el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El senador Romero Herrera del PAN declaró ayer a su llegada al puerto de Tampico que no les afecta el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, puesto que no era militante panista cuando formó parte del gabinete del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Se disculpó ante los representantes de los medios informativos por no ahondar en el caso de García Luna, sin embargo, Romero Herrera se comprometió a dar su opinión hasta que termine el juicio del exfuncionario en Nueva York, mientras tanto se pronunció a favor de que se les castigue, conforme a derecho, a todo aquel que infringe la ley.
Entre las y los legisladores asistentes a la plenaria del PAN en el puerto de Tampico, destacó la presencia de la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, además de la senadora Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, quien a diario critica al presidente López Obrador y a sus corcholatas.
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