A pocos días de que finalice este 2022, es obligado hacer un balance de los
logros y pendientes en los principales proyectos que nos planteamos en el período
anual que termina.
En el caso de este activista del periodismo inclusivo y accesible, considero parte
del saldo a favor, el seguir contando con el espacio que la prensa con compromiso
social y visión de futuro, como “La Verdad de Tamaulipas”, abre a personas con
discapacidad (PCD) para informar, comentar y analizar temas importantes para
todos los tamaulipecos pero, desde la perspectiva de los derechos de este grupo
vulnerable.
El trabajo realizado durante este año por los legisladores del Congreso Local, es
uno de esos temas a los que hemos estado dando seguimiento e informado a
nuestros amables lectores.
Aunque el proceso de transformación económica, social y política de Tamaulipas,
encabezado por Américo Villarreal por la voluntad mayoritaria de los tamaulipecos,
avanza en algunos frentes con duras tensiones y diferencias entre los grupos y
actores políticos más determinantes del estado, existen ámbitos en que se han
logrado sumar fuerzas y conciencias para lograr, más allá de las ideologías e
intereses partidarios, acuerdos importantes que benefician a los tamaulipecos más
vulnerables.
Uno de estos ámbitos, es el del Congreso del Estado, en cuanto a las iniciativas
de reformas legislativas para avanzar en la armonización de la Ley de los
Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas (2016),
con respecto a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (2006), La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación (2003) y la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad (de 2011).
La Convención es el primer instrumento jurídico internacional en materia de
derechos humanos del siglo XXI. Fue propuesto por el mexicano Gilberto Rincón
Gallardo y aprobado el 13 de diciembre de 2006 en la ONU por más 180 países.
México firmó la Convención y Protocolo Facultativo el 30 de marzo 2007. Es
vigente desde el 3 de mayo del 2008.
Tiene un carácter vinculante, por lo que obliga a los Estados que lo ratificaron a
adoptar y desarrollar políticas en favor de los derechos de las PCD personas con
discapacidad, así como a establecer y adaptar sus ordenamientos jurídicos para
hacerlos efectivos.
Su artículo 1º. señala que el propósito de la Convención es “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y
promover el respeto de su dignidad inherente”.
También define a las personas con discapacidad (PCD) como “aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas”.
Precisamente esta definición que destaca explícitamente el papel de las barreras
para la generación de la discapacidad como constructo social, da la base para
impulsar el cambio del paradigma del trato médico-asistencialista a las PCD, a fin
de substituirlo por el modelo social, que es indispensable para garantizar su
igualdad, inclusión plena, vida digna, independiente y autónoma.
En Tamaulipas, el 26 de septiembre de 2016, diez años después de aprobada la
Convención (2006), se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Tamaulipas (LDPCDT), cuyo contenido al recoger
parte importante de la mencionada Convención, significó un radical avance en
favor de los derechos de las PCD en el Estado, al darles una base jurídica.
Sin embargo, en 2019, el Congreso del Estado derogó los artículos del 46 al 50
sobre la Red de Seguimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(RSDPCD), lo cual fue un grave retroceso de lo logrado en 2016, al violar lo
establecido por la Convención y la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, quitándole a este grupo vulnerable de Tamaulipas, mediante la
burocratización del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de
Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), su derecho efectivo
de participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
que se refieren a ellos, cancelando así en la práctica la adopción en nuestro
estado del modelo social para abordar la discapacidad.
A partir de marzo de 2022, diputados de todos los partidos trabajando en
comisiones unidas promovida por la de Grupos vulnerables, impulsaron
iniciativas legislativas reunidas en el decreto no. 65-135 publicado el 6 de abril de
2022, que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LDPCDT,
restableciendo La Red de Seguimiento de los Derechos de las PCD como
mecanismo a través del cual las personas de este grupo vulnerable, podrán
participar en todo el proceso que implica la concepción, desarrollo e
implementación de las políticas a su favor. Se abrió así la oportunidad para
retomar la perspectiva del modelo social y de derechos humanos para la atención
integral de las PCD.
De mayo a la fecha, ya en el nuevo gobierno, los legisladores de los partidos han
continuado con la propuestas de más iniciativas que en una práctica normada,
pero que antes era inusual, han puesto a consideración de personas y grupos
organizados de la comunidad de PCD en Tamaulipas.
En el SIPRODDIS se nombró como secretario ejecutivo a una persona sin
discapacidad y se han designado enlaces municipales. En algunas mesas de los
foros populares para el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, se consultó a una
parte de las PCD. La esperanza es que sean recogidas las propuestas que
superen la perspectiva médico asistencial, la cual asume a las PCD como objetos
pasivos de sus derechos y no como personas que deciden con independencia y
autonomía su futuro.
Aunque aún falta que este órgano encargado de diseñar, conducir y evaluar la
política pública sobre PCD, realice diversas tareas pendientes que establece la
Ley reformada de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de
Tamaulipas (LDPCDT), existe en la comunidad de personas con discapacidad la
decisión, compromiso y confianza que el gobierno de la transformación en
Tamaulipas al fin de pasos concretos para el establecimiento efectivo del modelo
social en el Estado.
En conclusión, en el año 2022 se demostró lo que se puede avanzar para resolver
importantes problemas de Tamaulipas cuando los legisladores de los diversos
partidos, se ponen a trabajar unidos por una causa común en favor de los
tamaulipecos más vulnerables. También se puso el ejemplo a las demás
instituciones y sectores del gobierno, que la consulta y participación directa de las
PCD, sin tutores, ni paternalismos, es el mejor camino para que estos
tamaulipecos sean rescatados de la exclusión y se le abran vías para su desarrollo
pleno y vida digna a que tienen derecho.
Con esta base, si se cumple cabalmente con lo que marca la Ley, el 2023 podrá
ser el año del gran paso que marque un parteaguas en los Derechos de las PCD
de Tamaulipas.
¡Feliz navidad a todas y todos!
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