CD. DE MEXICO, 5 DE DICIEMBRE DE 2022.- La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que el Congreso de la Unión trabaja para actualizar y fortalecer herramientas jurídicas, como en un dictamen enfocado a eliminar vacíos jurídicos, que propician escenarios en los que los delincuentes logran evadir la justicia y perpetrar la impunidad.
En el foro “Garantizando los derechos humanos, asistencia y protección a víctimas de trata”,
expresó que, en un dictamen, próximo a presentarse ante el Pleno del Senado, se
establecieron las “relaciones análogas” que no se contemplaban, como el matrimonio y
concubinato.
Lamentó que en pleno Siglo XXI persista la explotación en México y el mundo, la cual se nutre
de la desigualdad, pobreza, impunidad e injusticia; y una esclavitud clara, afirmó, es la trata
de personas, la cual afecta a más de 140 países de origen, transito o destino.
Sánchez Cordero mencionó que uno de los mayores retos de este fenómeno es medir su
magnitud real.
Dijo que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada
año existen 2.5 millones de víctimas de trata en el mundo más. “Desafortunadamente sólo se
identifica a una de cada 20 personas, porque este problema no es visible, esta invisibilizado
porque se da en la clandestinidad”.
Expresó que otro de los retos es la protección a las víctimas, porque no sólo se trata de
castigar a los culpables, sino de brindar asistencia y acompañamiento especializado, efectivo,
asesoría legal, protección física y psicológica a quienes enfrentaron este ilícito; este tipo de
foros nos ayuda a continuar con la agenda pendiente en esta materia y poner en perspectiva
los avances obtenidos.
Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y
el Caribe, señaló que una de las vertientes más socorridas para realizar la trata de personas
es la que se relaciona con el movimiento ilegal de migrantes y, en esa primera etapa, sus
víctimas son fundamentalmente de países de América Latina.
Indicó que en el caso de quienes son rescatados de ese delito deben tener certidumbre del
mejor trato posible en sus derechos humanos, así como esfuerzos de la sociedad y de
instituciones para la reinserción laboral de adultos, y con espacios de protección y
escolarización en el caso de infantes.
A su vez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, de la Cámara de Diputados, comentó que vergonzosamente México ocupa uno
de los primeros lugares en este flagelo, sobre todo en menores con fines de explotación
sexual y mendicidad.
Refirió que, en 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que la Unidad de
Inteligencia Financiera reportó mil 83 asuntos relacionados con lavado de dinero, vinculados a
este delito. De éstos, dijo, 530 fueron asuntos de trata, 482 de explotación sexual, 28 de
explotación laboral, 19 por tráfico de órganos, dos por adopción ilegal y 21 por corrupción de
menores.
Por su parte, el Magistrado Ricardo Garduño Pasten, afirmó que la solución de los grandes
problemas compete a todos y se deben realizar leyes que sean claras, pero la actual política
pública no es suficiente para atacar ese problema y por eso es urgente legislar en materia de
trata de personas.
Aseveró que, con relación a este delito, México firmó instrumentos internacionales “que nos
vinculan a legislar y la iniciativa correspondiente que se impulsa en el Congreso de la Unión,
cumple con los estándares internacionales, porque estamos hablando del negocio más
lucrativo: la trata de personas, después del narcotráfico”.
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados,
expuso que desde el Congreso se trabaja para impulsar instrumentos legislativos, para que se
conviertan en políticas públicas en beneficio de las víctimas de este flagelo. Por lo que
continuaremos gestionando recursos y presupuesto necesario para garantizar que se
erradique la trata de personas.
Denisse López Alvirde, experta en seguridad y trata de personas, mencionó que este delito es
un fenómeno ligado a la migración, la economía ilegal, pobreza y la delincuencia organizada.
“Celebramos la propuesta de ley, para que se centre en las víctimas y se les de protección
integral, además que el personal que investiga este delito cuente con capacitación en
derechos humanos y perspectiva de género”.
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