Las Reformas Electorales

Una de las noticias que han causado más expectativa a nivel nacional es la marcha en la CdMx impulsada por el empresario Claudio X González, para protestar –según él- , por el supuesto plan del presidente Manuel López Obrador de desaparecer al Instituto Nacional Electoral.

Extraña porque como veremos más adelante se han realizado por lo menos 8 grandes y radicales reformas electorales, y muchas de alcance menor y sobre aspectos más específicos ante las cuales no habían ocurrido reacciones de esta magnitud. ¿A quiénes y por qué les duele y afecta particularmente la reforma que ha anunciado el presidente López Obrador

Ya desde hace algunas semanas, el presidente Calderón, en una reunión convocada en España por Mario Vargas Llosa (el mismo que afirmó en 1990 que México con el PRI había instituido la Dictadura perfecta), con otros expresidentes mexicanos del PRI y del PAN, que gobernaron en el denominado período neoliberal, advirtió que con la Reforma electoral propuesta por López Obrador, la democracia en México estaba en máximo peligro.

El hecho es que, ahora resulta que este nutrido grupo de personajes que ostentan un diáfano perfil antidemocrático y antipopular, ampliamente documentado por su historial de fraudes electorales y trabajos de demolición del estado mexicano nacionalista, surgen como salvadores de la democracia.

En un México tan diverso, seguramente habrá cientos y miles de mexicanos que compartan su versión de la realidad mexicana y crean en la mentira de que el gobierno federal quiere destruir y no solo reformar al INE. Como en toda democracia ejercerán su derecho a manifestarse, marchar y protestar públicamente. Pero también habrá millones que sigan manteniendo su opinión expresada en la controversial encuesta realizada por el mismo INE. El 93% de los mexicanos encuestados están a favor de que se destinen menos recursos a los partidos políticos, reciben demasiado presupuesto.

El 43% también considera que el gasto del INE es excesivo. El 87% considera que deben de disminuir el número de diputados. El 78% que los consejeros y magistrados electorales deben ser elegidos directamente por la ciudadanía. Por otra parte el 56% tiene buena opinión del INE, el 22% muy mala. El 55% opinó que las elecciones organizadas por el INE son “generalmente” limpias. El 33% que se comete fraude.

Esa encuesta coincide con el diagnostico que ha hecho y divulgado el presidente López Obrador, que hay que reformar aspectos específicos de nuestro sistema electoral en cuanto al número de legisladores y del órgano electoral para que sea menos oneroso y realmente imparcial.

¿En qué línea se propone su destrucción y hacer retroceder en el proceso de avance hacia la democracia participativa en México? Lorenzo Córdova no es el INE, ni es la democracia. Los hombres son pasajeros. El mismo presidente ha hablado reiteradamente de su retiro de la política y de la función pública, al terminar su mandato en 2024.

¿Por qué tanta resistencia e ira de los opositores al presidente ante al el hecho de que se requiere otra reforma electoral en México? No ha sido la primera, ni será la última. Ahora veremos que ha ocurrido en el pasado.

La historia tiene numerosos episodios en que las circunstancias de la accidentada evolución del nuestra nación hicieron necesarias las decisiones en el tema electoral.

Ya en la etapa de la Nueva España, a raíz de la Constitución de Cádiz en 1812, se celebraron en estas tierras, las primeras elecciones populares en la Ciudad de México.

Con la independencia, se creó en 1822 un Congreso con diputados (José Antonio Gutiérrez de Lara por Tamaulipas) representantes de la iglesia, militares y ayuntamientos, para elaborar una Constitución republicana. Iturbide de proclamo emperador y disolvió el Congreso. Fue derrocado abdicó en 1823 y fue fusilado en Tamaulipas en 1824.

Restaurada la república, Guadalupe Victoria fue presidente por 6 años, luego una sucesión de presidentes gobernaron por breves periodos, hasta la llegada de Antonio López de Santa Anna al poder en 1933, repitiendo por 5 periodos más de 1834 a 1835, en 1839, de 1841 a 1842, en 1844 y en 1847.

Cuantas veces quiso Santa Anna, se retiró de su mandato y volvió o le pidieron sus allegados que regresara a él. Terrateniente, presidente, dictador, golpista y traidor, todo lo fue y en todos los bandos militó. No era la voluntad popular expresada en las elecciones, sino la fuerza de las armas y los acuerdos entre generales y los hombres de dinero, lo que determinaba quien era el presidente. Benito Juárez lo desterró. Volvió a México en 1874 y murió pobre olvidado en 1876.

Juárez fue presidente por 15 años seguidos por vía no electoral, en circunstancias en que México, en una pugna entre liberales y conservadores, enfrentó una guerra civil, la invasión del ejército de la primera potencia mundial y el establecimiento del Segundo imperio encabezado por Maximiliano, apoyado por los conservadores.

Con el triunfo liberal, y las banderas de no reelección y democracia, Porfirio Díaz arriba al poder. Durante 35 años se mantiene como presidente. Siete veces reelecto de 1884 a 1888, 1888-1892, 1892-1896, 1896-1900, 1900-1904, 1904-1910 y 1910-191. Fue el periodo más largo, después del impuesto por el PRI y prolongado hasta 2018 con su alianza con el PAN.

Durante su dictadura, Porfirio Díaz, siempre convocó a elecciones y las “ganó” de manera abrumadora, hasta el proceso del 15 de octubre de 1911 en que resultó vencedor Francisco I. Madero. El desconocimiento de su triunfó llevó a Madero a proclamar el Plan de San Luis con el que dio inicio la Revolución Mexicana, que tomo una fuerza indetenible con el golpe de estado y su asesinato perpetrado por Victoriano Huerta. De ella derivó la Constitución de 1917, que estableció las reglas electorales de un sistema republicano, federalista y democrático popular.

Hasta 1946 en que el Presidente Manuel Ávila Camacho buscando dar cauce político a la violencia armada entre militares y grupos revolucionarios, promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

En 1951 el Congreso de la Unión aprueba una reforma de la Ley Federal Electoral para que la Comisión Federal de Vigilancia Electoral controle el registro de nuevos partidos políticos y la emisión de constancias de mayoría.

1977 el Gobierno Federal de López Portillo expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), que “permitió” el ingreso a la legalidad a fuerzas políticas “no incluidas”. Dispuso que la Comisión Federal Electoral quedara integrada por el Secretario de Gobernación, un representante de cada una de las cámaras legislativas, un representante de cada partido político con registro y un notario público.

En 1987 Miguel de la Madrid impulsa una reforma Constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral.

En 1990 con Salinas de Gortari, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordena la creación del Instituto Federal Electoral (IFE). En 1993 se le dan la atribuciones de: Legislativo de la Unión otorgó al IFE las siguientes atribuciones: declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, expedir constancias de mayoría para los ganadores de estos cargos y establecer topes a los gastos de campaña.

En 1994, Ernesto Zedillo impone otra reforma electoral aprobó la figura de “Consejeros Ciudadanos”, propuestos por las fracciones partidarias en la Cámara de Diputados
En 1996, también en el gobierno del presidente Zedillo, se realiza una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional, así como un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para reforzar la autonomía e independencia del IFE, con la “intención” de desligarlo del Poder Ejecutivo. Y el control de las elecciones estatales.

En 2007, con Felipe Calderón, el Congreso de la Unión otorgó al IFE 53 atribuciones para fortalecer su poder y control de los procesos electorales, con “independencia” directa del poder ejecutivo, pero mediada por los partidos.

En 2011, en una nueva reforma electoral impulsada por el presidente Calderón, se incluye el ingresó al IFE de Lorenzo Córdoba, como Consejero electoral.

El 10 de febrero de 2014 con el gobierno de Peña Nieto se aprueba otra reforma electoral que crea el Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituir el IFE. El 4 de abril se designa a Lorenzo Córdoba como su Consejero presidente, que ostentaba un perfil progresista, democrático, académico, experto en ciencias políticas y legislación electoral, hijo de un connotado intelectual y teórico de izquierda..

A juicio de sus críticos, todas las atribuciones, poder y presupuesto multimillonario sin precedente en México y en los países del mundo, otorgado al INE y a su Consejero presidente, para garantizar su “autonomía” e “imparcialidad”, revelaron su verdadero sentido en el papel que ha jugado tolerando o promoviendo, los fraudes abiertos y encubiertos, grandes y pequeños, a nivel federal y en todos los estados en que compitió y hoy gobierna Morena.

Ya entre 2010-2011 había encabezado un equipo de trabajo de expertos, que por encargo del Senado de la Republica diseñaron el modelo y programa de la Reforma política, para la transición democrática desde la perspectiva del grupo que en ese entonces estaba en el poder.

Si esto es cierto, los resultados que les ha rendido Lorenzo Córdoba, no son los que esperaban de él, pues no pudo impedir que el presidente López Obrador finalmente fuera electo masivamente como presidente, ni que en la mayoría de entidades federativas hayan ganado los candidatos morenistas. Tal como ocurrió recientemente en Tamaulipas con Américo Villarreal.

La moneda está en el aire, veremos si pasa o no pasa la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Y si con ella o sin ella, al fin los mexicanos podremos contar con un órgano electoral que nos merecemos en estos nuevos tiempos, es decir que realmente sea imparcial, que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales y estatales.

Esto es fundamental para que las tensiones y diferencias inevitables en una sociedad con tanta desigualdad y diversidad de ideologías, de grupos sociales y de intereses, se les siga dando un cause político, legal, democrático y sin violencia.