CD. DE MEXICO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- En el marco del foro sobre Gobernanza Regulatoria de Plaguicidas: Cumplimiento e Inspección, organizado por la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, UMFFAAC, el Coordinador del Programa de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Manuel Gerardo Flores, señaló la necesidad de que el país fortalezca la inspección, vigilancia y cumplimiento del marco regulatorio de plaguicidas en México para proteger de manera más adecuada la salud y el medio ambiente.
También señaló que es crucial que la política regulatoria del país debe basarse en la
evidencia científica, en datos duros, obtenidos en trabajo de campo y considerando las
experiencias de otros países.
El Coordinador de la política regulatoria de la OCDE dijo que “el propósito de la regulación
es proteger la salud y el medio ambiente y que el país debe adoptar una estrategia
transversal en materia de plaguicidas, en la que es necesario una agencia que coordine,
supervise y aplique la labor de inspección y vigilancia para asegurar la aplicación eficaz del
marco regulatorio.”
Gerardo Flores también recomendó que el país adopte lo que se conoce como “consulta temprana”
en que las autoridades sanitarias y ambientales escuchen a todos los actores involucrados
en el sector que se regula y lleven a cabo lo que llamó “una alianza estratégica entre los
ciudadanos, los regulados y el gobierno para una eficaz regulación en materia de
plaguicidas y fertilizantes hay mucho por hacer, como la realización y aplicación de planes
de inspección multianuales, con metas y objetivos claramente establecidos, que no existen
en México y sí en otros países, para lo cual se requiere de tener recursos humanos
adecuados, capacidades técnicas y por supuesto recursos presupuestales que permitan
llevar a cabo estas tareas”.
También propuso que el país adopte el principio de proporcionalidad para que el proceso
de registro de plaguicidas considere el grado de riesgo potencial a la salud humana y el
medio ambiente y no tratar a todos de la misma manera.
Por su parte, el presidente de la UMFFAAC, Ing. Luis Eduardo González Cepeda dijo que diversos
factores como el impacto de la pandemia, la falta de presupuesto en labores de inspección y
vigilancia dan la oportunidad para que fabricantes y formuladores de productos que no tienen
registro sanitario los ofrezcan a mejor precio a los agricultores, con lo cual los daños terminan por
afectar la salud, el medio ambiente y la economía de los propios agricultores. González Cepeda
añadió que “esta situación termina por afectar también la balanza agropecuaria que ha ido
perdiendo el margen de superávit que ha tenido desde 2015, cuando el sector registraba 15 mil
millones de dólares hasta tener en la actualidad alrededor de 7 mil millones de dólares.”
González Cepeda advirtió también que la industria de protección de cultivos beneficia a dos
millones de trabajadores agrícolas y que “de poco sirve tener un marco regulatorio en
materia de plaguicidas bien diseñado, a la altura de otros países de América Latina e
inclusive de Estados Unidos”. Y advirtió que “si la Semarnat y la Secretaría de Salud no
ejercen en la práctica labores eficaces de inspección y vigilancia pone al país en riesgo de
que nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, opten por sustituir a México como
proveedor de productos agrícolas que sí cumplen con los requisitos de importación de ese
país.”
Por su parte, la Química Amada Vélez Méndez, Directora de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera, del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, reconoció que “los plaguicidas constituyen una
de las herramientas que coadyuvan a satisfacer la necesidad creciente de alimentos para
una población que no solo va en aumento, sino al mismo tiempo exige que los productos de
la agricultura, tengan un menor impacto en el medio ambiente y la salud humana”.
En el foro participaron también representantes de diversas organizaciones de productores
agrícolas, que en conjunto generan alrededor de 160 mil millones de pesos al año, como la
Asociación Nacional de Exportadores de Berries, representada por Nohel Guzmán, en
representación del presidente, José Luis Bustamante y su director general, Juan José Flores,
La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, La
Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, La Asociación Nacional de
Procesadores de Cítricos, La Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua, así
como expertos en materia regulatoria de la OCDE como la Dra. Giuseppa Ottimofiore, el Dr.
Florentin Blanc, la Dra. Denise MacGillivray, del sector salud de Canadá, el Dr. Juan L. Silva,
de la Universidad de Mississippi, Ing. Katia Grisel Aguilar, de la Asociación de Productores y
Empacadores Exportadores de Aguacate de México y el Ing. Víctor M. Celaya, Director
General de Amocali, así como, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Michoacán, un
organismo de productores agrícolas, como otros 31 más que existen en el país como
auxiliares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y su brazo operativo el Senasica.
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