CD. DE MEXICO, 22 DE JULIO DE 2022.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, miente en la defensa que hace del decreto que prohíbe el glifosato, para enero de 2024, pues nunca aportó las pruebas, evidencias, estudios e investigaciones científicas que comprobaran que el herbicida glifosato es dañino a la salud y al medio ambiente.
El presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos,
UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, dijo que “en contraste con la posición del
Conacyt, que defiende el decreto que prohíbe el glifosato sin ningún respaldo científico,
haciendo solo mención a que las supuestas investigaciones existen, tenemos el ejemplo de
la Unión Europea, que como parte del proceso para renovar la licencia de la aplicación del
glifosato en los países que la integran, dio a conocer el año pasado, un extenso informe de
11 mil páginas, que incluye una amplia revisión de estudios científicos, concluyendo que el
uso de glifosato es seguro, cuando se utiliza según las instrucciones y, sobre todo, refutó que
existan pruebas de que sea causante de cáncer”.
González Cepeda recordó que apenas el 31 de mayo de este año el reporte de la Agencia
Europea de Sustancias Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) a través de su Comité de
Evaluación de Riesgos, “reportó que clasificar al glifosato como cancerígeno NO está
justificado y que la conclusión está basada en una amplia revisión científica e independiente,
es decir, libre de conflictos de interés, en una respuesta implícita a críticas usuales de
activistas que descalifican los estudios científicos que contradicen sus opiniones sobre el
glifosato”.
El presidente de la UMFFAAC dijo también que la argumentación del Conacyt para defender
la prohibición del glifosato apelando al “principio de precaución” y a “la defensa de
derechos humanos” “responde más a cuestiones políticas e ideológicas, en primer lugar,
porque nunca se ofrecen las pruebas de que la aplicación del glifosato genere los ‘los riesgos
irreversibles o irreparables para el medio ambiente, la diversidad biológica y la salud
humana’ por lo tanto, si solo se afirma sin comprobar, pues apelar al principio precautorio
no tiene ninguna validez”.
González Cepeda también enfatizó que “cómo es posible que más de 120 países en el mundo
no apliquen el principio de precaución, sobre todo en los países del primer mundo, donde sí
se aplica el estado de derecho”. Respecto a la justificación del decreto por parte de Conacyt
apelando a los derechos humanos, el presidente de la UMFAACC dijo que se trataba de “una
distorsión jurídica que no tiene mayor sentido, pues desde cuándo aplicar herbicidas
autorizados por la propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios,
Cofepris, afecta a los derechos humanos.”
Para la industria de protección de cultivos, todo indica que el Conacyt recurre a
justificaciones ideológicas para la prohibición de un herbicida que, si se deja de aplicar a los
cultivos, y no habiendo una alternativa viable hasta ahora, se podría generar una pérdida
de entre 20 y 40 por ciento de la productividad de alimentos, dependiendo de cada cultivo,
lo que afectaría de forma directa a 7 millones de agricultores, más otros 24 millones de
personas que dependen de diversas formas de la agricultura.
En este sentido, González Cepeda coincidió con las estimaciones del Consejo Nacional
Agropecuario, CNA, en que una reducción de 20 por ciento en la producción implica dejar
de producir más de 76 mil millones de pesos, más de 35 veces el presupuesto de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.
Por otra parte, el presidente de la UMFFACC también explicó que “los argumentos que
justifican la prohibición del glifosato basados en los juicios en Estados Unidos contra la
empresa que fabrica este herbicida, también distorsionan la realidad, porque ninguno de
ellos ha comprobado lo dañino que es el glifosato a la salud, si se aplica como lo indican las
instrucciones del etiquetado, es decir, con el manejo adecuado que exige su utilización”.
González Cepeda también recordó dos casos muy representativos que deben llamar la
atención en nuestro país. Por un lado, el caso de Sri Lanka, que fue noticia mundial, pues
el gobierno prohibió el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas y el resultado estuvo a la
vista de todos: la baja sustancial de la producción agrícola, particularmente de arroz y de
té, la principal fuente de divisas de ese país, lo cual desencadenó una inconformidad y
malestar social generalizado, profundizó la dependencia alimentaria y no tuvo más opción
que retirar la prohibición. Por otro lado, las intensas protestas de agricultores holandeses
en contra del gobierno por los intentos de restringir el uso de fertilizantes sintéticos.
Finalmente, el presidente de la UMFFAAC reiteró su llamado al Conacyt, las autoridades
sanitarias, ambientales y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a establecer un
dialogo que, a un año y medio de haberse publicado el decreto, no ha tenido lugar y que
resulta urgente dadas las consecuencias que tiene la imposición de políticas basadas en
prejuicio e ideologías y no en investigaciones científicas.
González Cepeda concluyó que la prohibición del glifosato es todavía más irresponsable si
se toma en cuenta que el Conacyt no ha encontrado, ni encontrará, ninguna alternativa que
lo sustituya, porque si en el primer mundo las grandes empresas no han sido capaces de
encontrarlo, “cómo podemos esperar que lo podría hacer una institución que ni tiene
recursos suficientes, ni la capacidad para coordinar investigaciones del nivel que requiere
esta tarea”. En este sentido, el presidente de la UMFFAAC planteó que la industria de
protección de cultivos pone a su disposición toda la información, los datos, y el
conocimiento que se requiera para corregir una política que, de continuar, tendrá graves
daños y costos para el país.
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