McAllen, Texas. El gobierno federal llegó a un acuerdo legal con organizaciones ambientalistas para que un muro de 3.5 millas, construido con fondos privados durante la administración del presidente Donald Trump permanezca vigente, siempre y cuando, las compañías que lo edificaron garanticen que contara con un sistema de desague para evitar inundaciones.
El litigio inició en el 2018, la documentación alegaba que el gobierno de Trump y varios empresarios que lo apoyaban en su decisión de construir un muro fronterizo, habían provocado daños a la flora y fauna que se encuentra en la zona de Mission.
El tramo de muro fue construido en propiedad privada con donaciones hechas por particulares, y tendría un costo de 25 millones de dólares.
La organización conservadora “We Build a Wall” se haría cargo de aportar los fondos a través de una cadena de miles de donadores, pero al final cometieron un fraude con los fondos privados que recibieron, quedando inconclusa la obra.
El juez federal advirtió a las compañías TGR construction y Fisher Industries, que deben mantener personal en las instalaciones del muro y, que se realizaran inspecciones cada 4 meses, esto para cerciorarse que no hay daños ambientales.
A su vez en época de lluvias deberán tener personal disponible para operar el sistema de desfogue de agua, esto para evitar que se registren inundaciones.
El acuerdo de monitoreo inicial es por 15 años, según revelo el magistrado Crane.
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