CD. DE MEXICO, 21 DE MAYO DE 2022.- Resulta fundamental que el Estado mexicano tome las medidas conducentes para garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto en la próxima jornada electoral, así como la seguridad de la ciudadanía y de los funcionarios de casilla, expresó el senador Mario Zamora Gastélum del
Grupo Parlamentario del PRI.
Lo anterior, dijo, debido a los niveles de violencia que hay en el país y la injerencia del crimen
organizado para influir a favor o en contra de una candidata o candidato.
Tal situación, advirtió, impacta negativamente en la participación de la ciudadanía y los
resultados electorales; y provoca que la contienda democrática sea rehén de elementos nada
equitativos y peligrosos para los participantes.
Por tal motivo, el senador presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente, a través
del cual exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Gabinete de
Seguridad y en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, implementen un plan de seguridad
que garantice el pleno ejercicio del derecho al voto, la seguridad de la ciudadanía y de
funcionarios electorales durante el proceso y la jornada electoral del próximo 5 de junio.
La propuesta, que se envió a la Primera Comisión para su análisis y dictamen
correspondiente, también busca que los gobiernos de los estados de Aguascalientes,
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en conjunto con los organismos
públicos locales y las autoridades de seguridad municipales y federales, garanticen la
seguridad en las elecciones en sus entidades.
Asimismo, hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que, a través de las
fiscalías especializadas en delitos electorales, diseñen, establezcan, operen y difundan
ampliamente un número telefónico para la denuncia de la participación del crimen organizado
antes, durante y después de la jornada electoral.
Mario Zamora señala que el crecimiento de la violencia no es ajeno a los procesos
electorales, ya que en las elecciones del 2021, en algunas entidades, la coacción del voto
estuvo a cargo del crimen organizado.
Refirió que de acuerdo con la consultora Intergralia, en ese año se registraron 90 incidentes de
violencia política, 108 víctimas, de la cuales 75 fueron mortales, entre los que se encuentran
funcionarios públicos, aspirantes a candidatos, periodistas, expresidentes, legisladores y
jueces.
Al culminar el proceso electoral, precisó el legislador, 91 candidatos fueron asesinados y se
registraron 910 agresiones de distinta índole, convirtiéndolo en el proceso electoral más
violento de la historia.
Es por ello, puntualizó, que el Estado, en todas sus facetas, debe buscar la forma de inhibir la
violencia y la injerencia del crimen organizado, que ponen en serio peligro a la democracia y
sus participantes, antes, durante y después de una elección.
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