CD. DE MEXICO, 22 DE MARZO DE 2022.- La presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aseguró que es necesaria una nueva legislación en materia de catastros y registros públicos, que permita fortalecer el Federalismo, así como los ingresos y capacidades institucionales de estados y municipios.
Al participar en los “Diálogos Parlamentarios, Catastro: palanca de autonomía municipal”, que
se llevaron a cabo de manera virtual, enfatizó que sólo con la modernización de la figura
catastral se podrá reducir la dependencia de las entidades federativas y de las demarcaciones
municipales, del gasto federalizado.
Destacó que estos diálogos son fundamentales en el marco de la discusión de la minuta que
propone expedir una nueva Ley General de Catastros y Registros Públicos, que busca
resolver los problemas por la pérdida de ingresos, de valor, plusvalía y patrimonio en los
gobiernos locales.
Sánchez Cordero refirió que México tiene la recaudación de predial más baja de las naciones
que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
cual es de sólo 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que la media internacional
es de dos por ciento.
La senadora subrayó que, en promedio, el gasto federalizado integrado por las aportaciones y
participaciones del Pacto Federal Fiscal, representa 83 por ciento de los ingresos de los
estados, y 72 por ciento de los ingresos de los municipios.
Es necesario, indicó, impulsar una legislación que promueva catastros y registros públicos
modernos, eficientes, actualizados y bien aplicados, porque sólo así se logrará el fortalecimiento del Federalismo y, con ello, el de los ingresos y las capacidades institucionales de dichos niveles de gobierno.
El presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, Luis David Ortíz Salinas,
dijo que se requiere de un instrumento legislativo que tenga un impacto positivo en el sistema
catastral de los municipios, así como un mayor control de las operaciones inmobiliarias que
impacten positivamente los impuestos de traslado de dominio, lo que aumentará el potencial
de los municipios para eficientar su capacidad recaudatoria.
Destacó que la nueva Ley busca sentar las bases mínimas para armonizar la organización,
actualización y funcionamiento de los registros públicos y de los catastros en los tres órdenes
de gobierno; además, determina las normas aplicables a las autoridades para obtener,
administrar y procesar la información registral y catastral.
El senador consideró que también brindaría certeza y seguridad jurídica a los derechos de
propiedad de los inmuebles y establece lineamientos generales para la administración de una
plataforma nacional de la información en esta materia, que articule datos de la propiedad
privada, pública y social.
Subrayó que se propone un Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y
Catastral, como órgano de coordinación interinstitucional de la organización y funcionamiento
de los registros públicos inmobiliarios, de personas morales y catastros.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, agregó que debe ser una prioridad
de las autoridades garantizar la protección de los servidores públicos que tienen acceso a los
catastros, debido a que son víctimas de la delincuencia organizada, ya que ellos tienen
conocimientos del registro de la riqueza de los particulares.
Tanto ellos como sus familias, explicó, son atacados por parte de la delincuencia organizada,
a través de secuestros, extorsiones, desapariciones forzadas, “por eso debe ser del interés
del Estado mexicano su protección”.
El titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas, Fernando Vaca, destacó
que la minuta es coherente con la política fiscal que lleva a cabo el Gobierno Federal, porque
brinda los instrumentos de modernización en esta materia a estados y municipios.
En su oportunidad, el Auditor Especial del Gasto Federalizado en la Auditoría Superior de la
Federación, Emilio Barriga, expresó que la dependencia de los recursos federales, por parte
de los municipios, es muy elevada, por lo que es necesario implementar un marco legal que
permita potenciar la recaudación.
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