Son un verdadero problema los Asesinatos de Periodistas en México

CDMX. – 02 de noviembre de 2021 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, convoco al estado mexicano para así defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas, ya que, de acuerdo con la comisión Nacional, los asesinatos de los periodistas vienen siendo un problema del estado, que así mismo la mayor parte de estos crímenes son cometidos por la profesión pues dicho ejercicio es involucrar al crimen organizado y alas autoridades locales.

“Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” indico la CNDH que la defensa y la protección de los periodistas son básicas en la democracia, por lo tanto, las autoridades de todos los niveles de gobierno, y así mismo la fiscalía, deberán comprometerse a la investigación y sanción para así mismo finalizar la impunidad de los delitos.

​”Es urgente que las fiscalías asuman su responsabilidad como autoridad investigadora y se concentren en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, no solo en los casos de asesinatos sino también por las amenazas de violencia de las que muchos de ellos y ellas son víctimas, sobre todo al tener en consideración que, de los 139 periodistas que fueron asesinados entre los años 2011 y 2020 en América Latina y el Caribe, el 41 por ciento de ellos había recibido amenazas antes de su asesinato” señalo la CNDH

También solicito construir mecanismos eficaces para así mismo atacar el problema a fondo y así prevenir las agresiones como también terminar la investigación y castigo de delitos que se cometan Asia los periodistas, ya que en este sentido condeno los recientes asesinatos que se cometieron contra Alfredo Cardoso Echevarría y Fredy López Arévalo, periodistas en los estados de Chiapas y Guerrero, que así mismo exhorto a que las autoridades investiguen los hechos ocurridos.

La Unesco señalo 3 factores como los principales obstáculos, para así mismo tener acceso ala justicia en este caso contra periodistas: falta de recursos humanos , financieros, corrupción y falta de transparencia, y, por último, la falta de conocimiento de las personas servidoras públicas que investigan estos delitos.