La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 1 de septiembre nuevas modificaciones a la Constitución, en una decisión que amplía el control político del gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Uno de los principales cambios establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar puestos públicos quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”.
La reforma no elimina formalmente las elecciones, pero establece nuevas restricciones que pueden impedir la participación de sectores opositores en futuros procesos electorales.
Otro cambio relevante consiste en ampliar de seis a siete años el mandato presidencial y de otros cargos elegidos mediante el voto.
La modificación también establece que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico dentro de Nicaragua, reforzando el principio de soberanía planteado por el gobierno.
Estados Unidos cuestiona las nuevas medidas
Los cambios constitucionales generaron críticas internacionales, particularmente por sus posibles consecuencias para la participación política y las elecciones en Nicaragua.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionó la reforma y sostuvo que representa un nuevo retroceso para la democracia nicaragüense.
Washington también llamó a sus aliados a reconsiderar sus relaciones con Nicaragua y advirtió sobre posibles acciones ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
La reforma ocurre después de que, en agosto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara la celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres, luego de declaraciones de Ortega sobre la posibilidad de eliminar las elecciones.
El gobierno nicaragüense, por su parte, mantiene su argumento de que las modificaciones forman parte de un proceso de reorganización institucional y defensa de la soberanía nacional.
La modificación constitucional no elimina las elecciones, pero sí establece restricciones para quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”, además de ampliar de seis a siete años los mandatos. El cambio genera preocupación internacional por sus posibles efectos sobre la competencia política en Nicaragua.
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