En México hay personas a las que se les condena a vivir en un círculo perverso de pobreza, desigualdad y trato de ciudadanos de quinta. De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 7 de cada 10 personas nacidas en pobreza no logran superarla. El Informe señala quienes inician en el quintil más bajo de ingresos permanecen ahí, atrapados por factores estructurales y de desigualdad.
Largas horas de espera para “agarrar el camión”, abasto de agua discontinuo, falta de seguridad pública, el entorno en lugar de ser lugar donde el tejido social se reconstruya constituye un ecosistema propicio para que la violencia florezca. Por ello se lee todos día a día mujeres asesinadas, menores homicidas, una falta de respeto a los valores y a la vida se enseñorea en la sociedad mexicana.
Existen municipios manejados por décadas por el mismo grupo de poder que no buscan la mejora de su territorio y se dedicas a autorizar desarrollos para resolver el “derecho a la vivienda”, para enfrentar la realidad. Agua, movilidad, seguridad, el medio ambiente sano, la salud y el derecho al esparcimiento, etc., no existe. Es un ciclo interminable que afecta a la sociedad. No hay presupuesto para reparar el daño, sin contar la pérdida humana. Viven en una pesadilla: la familia se desintegra, los hijos desaparecen y el crimen florece. Es el rostro social en México.
De 2012 a febrero 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU registró 819 solicitudes de acciones urgentes para la búsqueda de personas emitidas a México, que se colocó como el país con más casos, seguido por Irak (669) y Colombia (254) Una Acción Urgente es una petición de ese comité a un Estado para que le informe sobre acciones para la búsqueda y localización de la persona o grupo de personas desaparecidas y tome de inmediato medidas para dar con su paradero e investigar el caso.
Los familiares de las víctimas o representantes legales; abogados u organizaciones civiles, pueden pedir que se aplique ese mecanismo sin necesidad de agotar los recursos internos y el tiempo de la desaparición. Los años con más solicitudes registradas fueron 2015, con 166; 2024, con 100 y 2025, con 90. Entre el 17 de septiembre 2025 y el 28 de febrero 2026, sumó 40 mecanismos, de los cuales 30% son de Chiapas, 18% de Jalisco y 12% de Guanajuato y Sinaloa.
El CDF refirió que del total de solicitudes 2012 a febrero pasado, 96 están cerradas, porque la persona ha sido encontrada viva o muerta, y una está descontinuada, ya sea porque ha sido localizada, pero sigue privada de libertad o el paradero parece haber sido esclarecido, pero quienes hicieron la petición cuestionan la información oficial y consideran que es necesaria una acción adicional para confirmarlo.
251 han sido suspendidas; pasa cuando los peticionarios expresan su deseo de no seguir el procedimiento, porque no es posible localizar a la fuente o ésta no puede seguir con el caso. Destacó que este mecanismo demuestra que “sigue dándose un aumento de desapariciones en el país”.
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