Ciudad de México (17 de marzo de 2026).- El Gobierno de México formalizó este martes el envío de una nueva propuesta de reforma electoral al Senado de la República. La iniciativa, denominada “Plan B”, se centra en establecer límites estrictos al gasto de las autoridades comiciales, legislaturas estatales y ayuntamientos. No obstante, el proyecto mantiene intactas las prerrogativas financieras de los partidos políticos, aunque refuerza los mecanismos de vigilancia sobre el origen de sus recursos.
La administración federal aclaró que, si bien la intención inicial contemplaba ajustar el financiamiento a las fuerzas políticas, el texto final prioriza la transparencia sobre el recorte directo en este rubro.
“Ya no pudo bajar el presupuesto de los partidos políticos, pero si estamos poniendo en la ley que se transparente en todos los recursos”, sostuvo la Presidenta.
Control de salarios y eliminación de privilegios
Uno de los ejes centrales de la reforma es la homologación salarial. El proyecto estipula que ningún consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrado de tribunales locales o alto funcionario de organismos electorales podrá percibir una remuneración superior a la de la Presidenta de la República.
Aunado a esto, la propuesta suprime prestaciones adicionales que anteriormente formaban parte de la alta burocracia electoral, tales como seguros de gastos médicos mayores, bonos extraordinarios y cualquier ingreso adicional al salario base.
“Se trata de poner un tope a la remuneraciones del INE de los consejeros y no solamente los consejeros, sino de los altos funcionarios”, explicó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Fiscalización en tiempo real y candados financieros
En cuanto a la operación de los partidos, la reforma introduce la obligatoriedad de reportar movimientos financieros mediante un sistema bancarizado en tiempo real. Para fortalecer la vigilancia, el INE tendrá la facultad de colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda para auditar aportaciones sospechosas en campañas.
Se prohíbe estrictamente el uso de efectivo, el financiamiento proveniente del extranjero y cualquier recurso de procedencia ilícita. Además, los dirigentes partidistas deberán transparentar sus sueldos, los cuales no podrán exceder las mil 500 UMAs.
Reingeniería en estados y municipios
El impacto de la iniciativa se extiende a la estructura política local. Los congresos estatales verán limitado su presupuesto al 0.70% del gasto total de la entidad. Asimismo, se propone una reducción en el número de regidores, estableciendo un rango de entre siete y 15 integrantes por cabildo, eliminando además la existencia de más de una sindicatura.
Los recursos económicos que se logren ahorrar mediante estos ajustes en regidurías y congresos deberán ser etiquetados exclusivamente para proyectos de infraestructura pública en sus respectivas localidades.
Cambios en cómputos y revocación de mandato
Para agilizar los resultados y evitar incertidumbre, la reforma plantea que el conteo oficial de votos inicie el mismo día de la elección, tan pronto llegue el primer paquete electoral a las oficinas correspondientes.
“En ese instante empieza el cómputo que objetivo tiene evitar que haya cualquier manipulación en esos dos días o tres días”, detalló Rodríguez.
Finalmente, respecto a la revocación de mandato, el proyecto abre la posibilidad de que la consulta ciudadana se realice el primer domingo de junio, ya sea en el tercer o cuarto año del sexenio (2027 o 2028), dependiendo del momento en que sea solicitada por la población.
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