Ciudad de México (20 de marzo de 2026).- Luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara el cierre de las indagatorias en su contra, Pío López Obrador emitió un pronunciamiento contundente. El morenista de 66 años calificó el proceso que enfrentó desde 2020 como una estrategia de manipulación política diseñada para vulnerar su reputación.
A través de un mensaje en video, el hermano del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su trayectoria personal está libre de irregularidades, distanciándose de las acusaciones de financiamiento ilícito que marcaron la agenda pública durante los últimos años.
“No soy un hombre corrupto; durante mi vida nunca he cometido ninguna falta ni mucho menos delito alguno”, afirmó de manera directa.
Denuncia de manipulación y daño moral
Para López Obrador, la difusión de los videos grabados en 2015 no fue un ejercicio de transparencia, sino un ataque directo a su “honorabilidad” y “dignidad”. Según el implicado, la investigación del INE —ahora clausurada por el Tribunal— carecía de sustento real debido a la naturaleza de las pruebas presentadas.
En su mensaje de seguimiento, fue enfático al describir la cobertura del caso y las pruebas audiovisuales como una fabricación orquestada.
“En pocas palabras, se trató de un vil montaje mediático”.
El sustento de la exoneración
La reacción de Pío López surge tras la validación de la propuesta de la magistrada Mónica Soto, la cual determinó que no existen pruebas “contundentes” que demuestren que Morena recibió recursos irregulares entre 2015 y 2018. El fallo judicial se apoyó en los peritajes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que señalaron alteraciones en los materiales visuales.
Al respecto, López Obrador subrayó que la ilicitud en la obtención de dichas grabaciones fue clave para desestimar el caso, argumentando que nunca hubo certeza jurídica sobre los hechos narrados en los medios.
“Los videos no sólo no dieron certezas sobre su origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, sino que además fueron obtenidos de manera ilícita. Esto ha quedado demostrado tras las investigaciones”.
Antecedentes y contexto del caso
La controversia se originó por la entrega de sobres con efectivo por parte de David León Romero, entonces asesor del gobierno de Chiapas. Aunque en agosto de 2020 el propio ex Presidente de la República reconoció que se trataba de “aportaciones” para el fortalecimiento de su movimiento político, las instancias fiscalizadoras como la UIF y el INE finalmente desestimaron las sanciones por falta de elementos técnicos y probatorios.
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