Ciudad de México (19 de marzo de 2026).- La modificación de la fecha para la elección de jueces y magistrados se ha convertido en una “necesidad realmente imperiosa” para el Instituto Nacional Electoral (INE). Así lo manifestó el consejero Uuc-Kib Espadas Ancona, quien advirtió que mantener la jornada judicial el mismo día que los comicios legislativos podría viciar ambos ejercicios democráticos.
De acuerdo con el funcionario, la complejidad técnica de organizar una votación de tal magnitud de forma simultánea con la renovación de la Cámara de Diputados —donde operan partidos políticos y financiamiento público— supone un reto que afecta directamente al elector.
Diferenciación de procesos y logística
Espadas Ancona señaló que la naturaleza de cada proceso es distinta. Mientras que en las elecciones parlamentarias existe una estructura de difusión y recursos partidistas, la elección judicial requiere un entorno libre de las dinámicas propias de las campañas políticas tradicionales. Según su análisis, la coexistencia de ambos eventos contaminaría la legalidad y la autenticidad de la selección de juzgadores.
La experiencia en entidades como Veracruz y Durango durante el año pasado sirve como antecedente para esta postura. En dichos estados, la realización de elecciones locales el mismo domingo que la elección judicial evidenció la dificultad que enfrenta el ciudadano al emitir su voto bajo un esquema de saturación de boletas y propuestas.
Consenso técnico y defensa de la revocación
Aunque el Consejo General del INE no ha emitido una postura unánime en todos los rubros de la reciente iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, la postergación de la fecha judicial sí cuenta con un respaldo generalizado entre los consejeros.
Por otro lado, el consejero calificó como un acierto la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda participar activamente en la promoción de la consulta de revocación de mandato. Consideró que la normativa actual, que limita la defensa de quien está sujeto al juicio ciudadano, carece de lógica democrática.
Sobre este punto, Espadas Ancona puntualizó:
“Me parece de sentido común; el estado actual de la ley, que no permite que quien esté sometido a juicio ciudadano, con la posibilidad de ser despedido del cargo, pueda defenderse. El impedimento (en la norma actual) es un contrasentido democrático”.
Finalmente, el consejero reiteró que el organismo electoral debe mantener una participación activa en el debate legislativo actual. El objetivo, subrayó, es asegurar que los cambios normativos permitan cumplir con la responsabilidad de entregar a la ciudadanía elecciones íntegras y transparentes.
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