Ciudad de México (9 de marzo de 2026).- El que ha sido señalado como el mayor expediente de contrabando de combustibles en México enfrenta un revés legal que podría debilitar la investigación federal sobre el llamado huachicol fiscal.
De acuerdo con reportes periodísticos, el caso se tambalea debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no notificó formalmente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) sobre el proceso, una omisión que abre la puerta a impugnaciones legales y posibles nulidades en el expediente.
El asunto está relacionado con una compleja red de importación y comercialización ilegal de combustibles que habría operado mediante la falsificación de documentos aduanales y la clasificación incorrecta de productos para evadir impuestos.
Este esquema, conocido como huachicol fiscal, consiste en introducir gasolina o diésel al país bajo códigos arancelarios falsos o como productos distintos para evitar el pago de gravámenes, lo que genera millonarias pérdidas para el erario.
Investigaciones oficiales y periodísticas han señalado que este mecanismo de fraude se apoya en redes de corrupción dentro de aduanas, puertos y empresas privadas, lo que ha llevado a que el caso sea considerado uno de los mayores escándalos financieros vinculados al mercado de combustibles en el país.
El proceso judicial forma parte de las indagatorias abiertas por el Gobierno federal contra estructuras de contrabando que operan en puertos y cruces fronterizos, particularmente en la región norte del país.
Sin embargo, especialistas advierten que la falta de comunicación formal con la autoridad aduanera podría complicar la integración del expediente y dar argumentos a las defensas para cuestionar la legalidad de las actuaciones ministeriales.
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