Ciudad de México (26 de marzo de 2026).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en el sector público, como parte de una iniciativa impulsada por el gobierno federal.
De acuerdo con el dictamen discutido en San Lázaro, la modificación al artículo 127 de la Constitución establece límites a las jubilaciones de altos funcionarios, con el objetivo de evitar montos considerados excesivos y reducir la carga sobre las finanzas públicas.
Durante el debate, legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta al señalar que no elimina derechos laborales legítimos, sino que corrige privilegios que generaban desigualdad. La diputada del Partido del Trabajo, Irma Garay, afirmó que las pensiones elevadas representan un gasto desproporcionado y afectan la confianza ciudadana en las instituciones.
En contraste, diputados de oposición expresaron preocupación por posibles afectaciones a derechos adquiridos. El legislador del PRI, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la aplicación retroactiva de la ley, lo que consideró inconstitucional.
La iniciativa forma parte de una política de austeridad que busca homologar criterios en el servicio público y evitar beneficios considerados excesivos. El dictamen fue turnado para continuar su proceso legislativo en el Congreso.
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