En el occidente del mundo y en México específicamente, cuando se habla de democracia, ya sea en foros académicos, en mesas redondas de medios digitales y/o tradicionales, en las sobremesas familiares, pláticas informales con amigos o conocidos, etc. por lo general se asocia el concepto de democracia con la participación electoral, es decir que es una democracia mutilada.
La democracia se concibe y se centra en la democracia electoral, en esa oportunidad que cuenta la sociedad o el pueblo para elegir a un partido político y su candidato (a) para un puesto de elección popular, ya sea Presidente (a) de la República, Senador o Senadora, Diputada o Diputado, Alcalde o Alcaldesa, etc.
Sin embargo, la democracia en los hechos, en la práctica, no solamente se reduce a lo electoral, es algo más amplio, algo más extenso, y que muchas veces se evita de difundir, se evita discernir y se evita concebir por ignorancia o por una intención política, para que la sociedad asuma siempre un rol pasivo.
La democracia participativa es el otro elemento que toda sociedad debe contar en las leyes para hacer valer su posición política ante determinadas decisiones o acciones del poder económico. En México esa democracia participativa se ha ido abriendo camino a pesar de los obstáculos que provienen principalmente del poder económico.
Algunas de las figuras jurídicas que han sido atacadas e incluso minimizadas por ciertos políticos, analistas o columnistas son las del referéndum, consulta ciudadana, revocación de mandato, etc.
Por ejemplo, la revocación de mandato en México únicamente está contemplada para la Presidencia de la República, es un derecho constitucional, pero que en la práctica el viejo régimen obstaculiza su implementación desde su desinformación (televisión, radio, redes, periódicos) hasta lo oneroso de la consulta, lo anterior con la finalidad de que la población no se entere y ni participe.
En México la revocación de mandato para los gobernadores es un derecho de la sociedad en 16 de los 32 estados que conforman el país, y en lo que va del año únicamente se ha aplicado en el Estado de Oaxaca.
Esta actitud de desgastar y desmotivar la participación política de la sociedad sobre un tema de interés crucial del pueblo es con el objetivo de que la ciudadanía no sea protagónica en las decisiones del Estado Mexicano.
Hay un temor de ciertos políticos y de personas con poder económico de que la ciudadanía mexicana tenga un papel más activo en la vida política.
Otro ejemplo se da en el Estado de Jalisco, donde el Gobierno Estatal decidió subir la tarifa del transporte público de $9.50 pesos a $14.00 un incremento casi del 50% (la inflación es del 5%), lo que originó una serie de protestas, reclamos, no sólo en las redes sociales sino en las calles con marchas, mítines, visitas a hogares por colectivos ciudadanos, etc. para que se implementara una consulta popular sobre el llamado “tarifazo”, el gobierno jalisciense por el momento dio marcha atrás con el incremento y lo está estableciendo en $11.00 pesos y con ello evitó la consulta ciudadana.
Es decir que los diferentes niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) además de los diferentes poderes económicos a través de sus Cámaras, deben permitir que la democracia electoral y la democracia participativa caminen de la mano, hay algunos gobiernos estatales y municipales que reprimen protestas ciudadanas.
Cuando cualquier gobierno, incluso de cualquier país, permite que las “fuerzas del orden” se extralimiten en sus funciones, puede originar una reacción violenta de la sociedad o un cobro en las urnas, como les sucedió a los gobiernos llamados “neoliberales”, donde el Estado fue uno de los generadores de violencia y que ahora tienen un voto de rechazo alto.
Que tenga un feliz día.
La mejor opinión es la suya, saludos.
Lic. Mauricio Morán Olmos, Director de Metodología del IMO: [email protected]
Página web de IMO http://www.imocorp.com.mx
El Instituto de Mercadotecnia y Opinión es una agencia encuestadora mexicana independiente, representa a México en el ISSP (Programa Internacional de Encuestas Sociales) y pertenece a la Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública WAPOR.
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