La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), concluyó las entrevistas en el marco de la designación de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.
Los legisladores preguntaron a los candidatos cuáles son los documentos económicos técnicos fundamentales para evaluar programas y proyectos por parte de la ASF, cómo evitar cuellos de botella durante los procesos de auditorías y cómo pasar de la sanción ejemplar a la generación de un entorno que prevenga malas prácticas.
Durante las audiencias, solicitaron a un total de 77 personas aspirantes que explicaran sus proyectos en caso de quedar al frente de la ASF, además de que clarificaran qué criterios utilizarían para definir qué instituciones y programas tienen prioridad de auditoría y qué medidas aplicarían para que el cien por ciento de servidores públicos presente su declaración patrimonial.
Los candidatos expusieron que se requiere de una evolución en materia de leyes, al mismo tiempo que las herramientas tecnológicas, pues diversas voces señalaron que no sirve hacer la observación hasta un año después de que se cometieron las irregularidades.
Coincidieron en que las instituciones fiscalizadoras deben ser sólidas, independientes y capacitadas, tener un modelo preventivo, con alertas tempranas y estar orientadas a resultados, aunado a que deben actuar con imparcialidad.
Algunas de las personas a ocupar el cargo consideraron que se debe crear la contraloría interna de la institución para una vigilancia desde adentro, fomentar el talento humano, así como hacer ajustes para evitar observaciones sin fundamento, y que cumplan con el perfil de auditor mediante capacitaciones desde la base.
También, usar tecnologías de información para el procesamiento de datos, que permitan medir el impacto social, ambiental y resultados, auditorías con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, además de mejorar y reforzar las auditorías de desempeño, dar seguimiento conjunto a recomendaciones, fortalecer la legitimidad institucional y elevar la eficacia en la integración de responsabilidades administrativas.
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