Ciudad de México (27 de marzo de 2026).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su rechazo a la posibilidad de otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, argumentando que dicha medida interrumpiría la búsqueda de la verdad y consolidaría la impunidad en torno al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El organismo, dirigido por Rosario Piedra Ibarra, señaló la existencia de “constantes presiones” hacia la administración federal para dar carpetazo a las indagatorias mediante soluciones de apariencia jurídica.
Esta postura surge tras la petición del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien solicitó formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum el perdón para el sentenciado. Para la CNDH, esta vía no es la adecuada para cerrar el ciclo de violencia e irregularidades que rodea el magnicidio de Lomas Taurinas.
“Esta Comisión Nacional advierte que optar por cualquier otro camino, incluido el indulto, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad”.
La ruta del segundo tirador y la Recomendación 48VG/2021
El pronunciamiento enfatiza la urgencia de que las autoridades ministeriales resuelvan las líneas de investigación pendientes, específicamente la presunta participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega. El ex agente del Cisen permanece bajo custodia desde el 9 de noviembre de 2025, señalado como el posible segundo tirador en el evento del 23 de marzo de 1994.
La Comisión recordó que en su Recomendación 48VG/2021 se acreditaron violaciones graves, incluyendo tortura y manipulación de evidencias por parte de exfuncionarios. El objetivo actual es que la Fiscalía General de la República (FGR) deslinde responsabilidades sobre quienes alteraron el curso de la justicia hace tres décadas.
Dignidad de la víctima y resistencia al sistema
A diferencia de las versiones oficiales del pasado, el organismo destaca que el propio Mario Aburto ha buscado limpiar su nombre y recuperar su dignidad dentro del proceso legal, declinando incluso beneficios de preliberación o el indulto para que el caso se esclarezca de fondo. Según la CNDH, el caso simboliza una resistencia contra las verdades impuestas por el Estado en administraciones previas.
El organismo hizo un llamado directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sus futuras determinaciones se alineen con el derecho a la verdad y el acceso efectivo a la justicia para el pueblo de México.
Combate a la impunidad estructural
A 32 años del crimen en Tijuana, Baja California, la CNDH sostiene que México aún lidia con las secuelas de una “impunidad estructural”. El ejercicio del derecho a la verdad se presenta ahora como un mecanismo indispensable para la rendición de cuentas y la no repetición de actos que vulneren los derechos humanos.
La institución concluyó que resolver el expediente no es solo una cuestión de justicia individual, sino un paso necesario para confrontar la manipulación histórica de las investigaciones oficiales y garantizar que los hechos reales salgan a la luz pública.
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