Guanajuato, Guanajuato (3 de febrero de 2026).- La persistente crisis de seguridad que enfrentan los comunicadores y activistas en México ha dejado un saldo de 376 víctimas de ataques directos, desapariciones y homicidios entre enero de 2016 y diciembre de 2025. Los datos, presentados por Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), subrayan la fragilidad del sistema de justicia actual.
Durante la entrega del informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se detalló que el registro de la última década incluye los asesinatos de 89 periodistas, 181 defensores de derechos humanos y ocho trabajadores de medios.
Radiografía de la violencia y deficiencias de protección
El documento técnico, elaborado con el respaldo de la Embajada Británica, pone el foco en la ineficacia de los mecanismos preventivos. De acuerdo con el balance de la ONU-DH, 72 de las víctimas de asesinato o desaparición contaban con medidas de protección activas al momento de los crímenes.
“Eso evidencia la persistencia de retos para cumplir las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia”, recalcó el funcionario de la ONU.
El análisis de 4,000 fojas de investigación permitió identificar patrones de riesgo: el 70% de los afectados ya habían experimentado incidentes de inseguridad previos, y el 30% había interpuesto denuncias formales ante el Ministerio Público. Asimismo, se destacó que la defensa del medio ambiente es una de las labores más peligrosas, con 105 casos documentados.
Impunidad como motor de la repetición
Ante autoridades estatales, incluyendo a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, Cancela Neves enfatizó que la falta de castigo para los agresores constituye una violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. El informe sostiene que los ataques responden a intereses afectados por la labor informativa y social de las víctimas.
“Eso evidencia la persistencia de retos para cumplir las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia”, recalcó el funcionario de la ONU.
Hallazgos en la labor de las fiscalías
Pese a que se identificaron protocolos adecuados en inspecciones y peritajes, la ONU advirtió que la implementación de estas “buenas prácticas” no garantiza resultados de justicia si existen vicios procesales. Entre las deficiencias señaladas destacan:
-
Extravío de evidencias físicas y registros de video.
-
Falta de seguimiento a diligencias solicitadas.
-
Omisión de líneas de investigación vinculadas directamente a la profesión de la víctima.
Respuesta institucional en Guanajuato
En el marco de la presentación, la gobernadora de Guanajuato informó que en el último año el estado ha implementado 87 medidas de protección para 50 personas del sector (34 periodistas y 16 defensores). García Muñoz Ledo destacó que se han impulsado reformas constitucionales y al Código Penal para fortalecer el marco legal, anunciando además una nueva iniciativa de ley para optimizar los protocolos de seguridad.
La mandataria concluyó señalando que la voluntad política es insuficiente sin herramientas técnicas robustas que mitiguen los riesgos que enfrentan quienes denuncian la corrupción y la desigualdad.
Discussion about this post