Ciudad de México (2 de febrero de 2026).- La posible integración de la figura de los “jueces sin rostro” en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha encendido las alarmas de especialistas internacionales y organizaciones civiles. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) manifestó que esta propuesta legislativa, próxima a discutirse en el Senado, conlleva un peligro latente para la protección de las garantías individuales y la integridad del sistema judicial mexicano.
Un modelo cuestionado por la experiencia regional
La advertencia del Centro Prodh se fundamenta en las lecciones documentadas en naciones como Colombia, Perú, Brasil y El Salvador. En estos contextos, el ocultamiento de la identidad de los juzgadores ha derivado en dificultades críticas para asegurar que quien dicta sentencia posea la competencia e independencia necesarias.
Desde la perspectiva de Danilo Flores, representante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana en El Salvador, la protección estatal a los funcionarios es legítima, pero no debe anular la transparencia.
“Si bien el Estado debe proteger a quienes administran justicia en contextos de riesgo, el anonimato absoluto no es compatible con la garantía del debido proceso. La seguridad debe darse pero sin sacrificar la transparencia, imparcialidad y la defensa efectiva”.
El impacto en el derecho a la defensa
La abogada Marina Dias, integrante del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa (IDDD) en Brasil, sostiene que la base de un proceso equitativo reside en la identificación plena de la autoridad judicial. La jurista argumenta que el uso de tecnologías para distorsionar la voz y ocultar la imagen deshumaniza el litigio.
“Al permitir que un impartidor de justicia oculte su imagen y distorsione la voz transforma el litigio en algo distante, frío y casi inquisitivo. La defensa no puede percibir reacciones, comportamientos o matices que hacen la diferencia en la ejecución del proceso”.
Además, Dias puntualiza que sin una identidad pública es imposible verificar posibles conflictos de interés o la parcialidad del togado, dejando a la defensa en un estado de vulnerabilidad técnica.
Riesgos de instrumentalización política
El análisis del Centro Prodh también destaca el riesgo de que estas medidas extraordinarias se desvíen de su propósito original de seguridad para convertirse en mecanismos de control estatal. David Morales, de la organización Cristosal en El Salvador, relató cómo este modelo ha evolucionado negativamente en su país.
“Ahora son utilizados como una herramienta de persecución política y control social. Procesan a personas que son perseguidas por el actual régimen salvadoreño”.
Proceso legislativo y regulación
Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Javier Corral, confirmó que el actual periodo de sesiones incluirá parlamentos abiertos para analizar la medida. El legislador reconoció que, de no existir una regulación precisa, la figura representa un riesgo para los derechos humanos. El objetivo de las mesas de trabajo será definir si su implementación puede ser estrictamente temporal, excepcional y sujeta a reglas claras que eviten arbitrariedades.
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