Reforma laboral escalonada

Finalmente, ayer la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada reformas y adiciones las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Sin embargo, se trata de una reforma a la Ley Laboral, muy especial, pues la reducción del jornal no es inmediata, sino paulatino. De hecho, no aplica para el presente año 2026 y se irán eliminando dos horas anuales hasta el 2030.

Los artículos discutidos por el pleno de diputados en lo general (no reservados) fueron aprobados con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, mientras que los artículos reservados en lo particular, en términos del dictamen, recibieron 411 votos en pro y 58 en contra.

Los principales puntos de esta reforma laboral, que tendrá gran impacto en la economía son los siguientes:

1.- La jornada laboral será de cuarenta horas semanales (escalonada y completa hasta 2030).

2.- Por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

3.- Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.

4.- El trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

5.- La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido, obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo señalado en la Ley de la materia.

6.-Las personas menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario.

7.- En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras.

Sobre el punto número se especifica de la siguiente forma.

En el régimen transitorio se indica que la duración de la jornada laboral a que se refiere el artículo 123, apartado A, fracción IV –40 horas de la semana laboral– se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año correspondiente, conforme a:

En 2026, la jornada sea de 48 horas.

En 2027, la jornada laboral será de 46 horas.

En 2028, la jornada laboral será de 44 horas.

En 2029, la jornada laboral será de 42 horas

Y para 2030, la jornada laboral será de 40 horas.

Dentro de los argumentos que aporta la iniciativa de reforma enviada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra entre los principales argumentos los siguientes:

A). – Atiende a recomendaciones desarrolladas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, y ubica a México en camino de abatir desigualdades y está en sintonía de los postulados que emanan de convenios y acuerdos internacionales.

B). – Fortalece el ecosistema laboral ya que, al garantizar los derechos de las personas trabajadoras protege a la vez la productividad de las empresas.

C). -Contribuirá a reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como fortalecer el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral.

El dictamen aprobado se remitió a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional, deberá ser avalado por las dos terceras partes de los Congresos Locales, entre ellos el de Tamaulipas.

Y entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de ahí, el Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días para realizar las reformas a la legislación secundaria.

Sin duda, una reforma de gran calado que tendrá impactos fuertes en la economía formal de nuestro país.

A la par, deberían realizarse acciones de corrección para ir abatiendo en forma paulatina también a la voluptuosa economía informal, que sigue creciendo en las calles de México y en las autopistas del mundo digital.

EL CASCABEL AL GATO.

Tamaulipas vuelve a aparecer fuerte en el escándalo político nacional y fuera de nuestras fronteras por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revoca un amparo al ex gobernador de origen panista, Francisco Javier García de Vaca.

Se trata, sin duda del principio del fin de una impunidad comprada en base a privilegios que dieron el poder del dinero, la protección y complicidad de las élites panistas y la corrupción del extinto Poder Judicial.

El paso siguiente podría ser la emisión de la Ficha Roja para su búsqueda por la interpol y esperemos que pronto regrese a tierras mexicanas para que enfrente el proceso y finalmente se determine su culpabilidad y posible castigo.

En su andar por la vida pública cometió abusos y atropellos que ante buena parte de la comunidad tamaulipeca la acción de la justicia que está por alcanzarle le parece acertada.

Obvio que, de manera personal con sus clásicos videos, desde algún lugar de la mancha, intensificará sus versiones de perseguido político, mismos que repetirán sus familiares y excolaboradores como los diputados plurinominales locales Gerardo Peña Flores e Ismael García Cabeza de Vaca.

Mientras que la contraparte, es decir, los Morenistas, por conducto de la dirígete estatal María Guadalupe Gómez Núñez celebran la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 435/2025, que lo dejan sin protección en la investigación “por los delitos graves de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La morenista, al dejar en manos de la Fiscalía General de la República solicitar a la emisión de la ficha roja ante la Interpol e iniciar los para su detención con fines de extradición.

Por cierto, que el gobernador Américo Villarreal Anaya, también fijó su postura sobre el asunto, pero de una manera más cautelosa, dejando en manos de la autoridad judicial el curso del mismo.

El mandatario estuvo en Palacio de Gobierno donde presidió una reunión en materia de Bienestar Social, donde se citaron avances en el combate a la pobreza extrema en la entidad, que permiten a la entidad mejorar al bajar los indicadores de 2.9 a 1.5 por ciento de la población, cifras que pero que le comprometen junto a su equipo a seguir trabajando por el rescate de unas cincuenta mil personas que siguen en esa condición.