Ciudad Victoria, Tamaulipas (3 de febrero de 2026).- Con el objetivo de transformar el actual modelo de recaudación y reparto de recursos, la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. El proyecto propone la extinción de la actual Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública para dar paso a un Consejo de Funcionarios de la Hacienda Pública, un organismo con mayor peso técnico y operativo.
La propuesta, impulsada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, señala que el esquema vigente es insuficiente y centraliza las decisiones de carácter político, lo que debilita la transparencia y la equidad en la entrega de participaciones a los ayuntamientos.
Una estructura de dos niveles para la gestión financiera
El nuevo Consejo no sería un organismo único, sino que operaría a través de dos instancias diferenciadas para separar los acuerdos políticos de la ejecución técnica:
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Reunión Estatal de Funcionarios Hacendarios: Un espacio deliberativo encabezado por el Gobernador, los 43 alcaldes, el Secretario de Finanzas, el Auditor Superior y representantes del Congreso. Su fin es establecer los criterios generales de la política fiscal estatal.
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Junta Estatal Permanente de Funcionarios Fiscales: Un brazo técnico integrado por los 43 tesoreros municipales y especialistas en finanzas. Este órgano se encargaría de diseñar las metodologías de distribución de dinero y vigilar el desempeño recaudatorio.
Profesionalización y transparencia en los 43 municipios
Uno de los pilares de la reforma es terminar con las deficiencias en la planeación financiera local. Para ello, el nuevo organismo tendría la facultad de homologar las leyes de ingresos y presupuestos, además de implementar programas de capacitación constante para los tesoreros y el personal contable de los ayuntamientos.
De aprobarse, el Consejo de Funcionarios de la Hacienda Pública de Tamaulipas deberá evaluar constantemente cómo cobran impuestos los municipios y proponer mecanismos para simplificar los trámites de recaudación, buscando que las dependencias locales dependan menos de la voluntad política y más de fórmulas técnicas claras.
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