Ciudad de México (12 de febrero de 2026).- La posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa abandone el Reclusorio Norte el próximo 15 de abril ha quedado en vilo. Un juez de control federal determinó imponer la medida de prisión preventiva justificada contra el exmandatario veracruzano, tras una nueva imputación por el presunto delito de peculado relacionado con el desvío de 5 millones de pesos.
Riesgo de fuga y argumentos judiciales
El juzgador Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, sustentó su decisión en el historial de evasión del imputado. El magistrado recordó que Duarte ya se sustrajo de la acción de la justicia en 2016, huyendo a Guatemala, lo que representa un antecedente objetivo de riesgo.
Asimismo, se señaló que la penalidad por el nuevo cargo —que oscila entre los 2 y 14 años de cárcel— funciona como un incentivo adicional para que el procesado intente evadirse nuevamente. Al respecto, el juez Villaseñor enfatizó la autonomía de este proceso frente a la condena de nueve años que el exgobernador está por agotar:
“Las cuestiones políticas escapan del alcance de este juzgador, no resuelvo cuestiones políticas, sino en base a datos objetivos que permiten establecer que hubo un momento en octubre de 2016 en que se usó un helicóptero y escapó a Guatemala. El dato objetivo es que usted fue detenido en Guatemala y hubo necesidad de traerlo a México con una orden de detención provisional con fines de extradición; además, la pena de 2 a 14 años de prisión, cuya media aritmética es de 8 años de prisión, es una pena elevada y aliciente para evadirse de la justicia”.
El origen del presunto desvío en Veracruz
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) sostiene que, en el año 2012, el gobierno de Duarte habría malversado fondos federales destinados a sectores vulnerables. El dinero provenía del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables (FOROSS), diseñado para apoyar a menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
De un total de 10 millones de pesos que debían entregarse a la Casa Hogar del Adulto Mayor “Mariana Sáyago” en Xalapa y a la Casa Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” en Boca del Río, la Fiscalía detectó que la mitad del recurso desapareció tras una serie de transferencias entre cuentas estatales y concentradoras, sin que el dinero fuera devuelto a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Testimonios y la técnica del “barrido de cuentas”
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se apoya en 38 elementos de prueba, entre los que destaca el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero estatal. Según sus declaraciones, la administración estatal aplicaba una estrategia denominada “barrido de cuentas”.
Este método consistía en mezclar fondos federales y locales en cuentas concentradoras para dificultar el rastreo del dinero, utilizándolo posteriormente para pagos fuera de presupuesto, proveedores o nóminas. Ante la relevancia de este testimonio, el juez ordenó que Abdalá comparezca el próximo lunes, instruyendo el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario, dado su estatus actual de prófugo.
Escenarios para la liberación de Javier Duarte
Aunque la defensa legal, integrada por Diego Uriza y Jimena Martínez, argumentó que la estancia actual de Duarte en prisión garantizaba su presencia en el juicio, el juez mantuvo la medida cautelar. Para que el exgobernador pueda recuperar su libertad en la fecha prevista originalmente, deberían ocurrir uno de los siguientes escenarios:
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Que se dicte la no vinculación a proceso en la audiencia del próximo martes.
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Que el juez modifique la medida cautelar durante la resolución de su situación jurídica.
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Que se obtenga un cambio de medida en una audiencia posterior antes del 15 de abril.
De no concretarse ninguna de estas vías, Duarte de Ochoa permanecerá recluido por tiempo indefinido, más allá del cumplimiento de su sentencia inicial por lavado de dinero y asociación delictuosa.
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