Caracas, Venezuela (9 de febrero de 2026).- La situación política en Venezuela suma un nuevo capítulo de tensión tras la denuncia de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, sobre lo que calificó como el “secuestro” de Juan Pablo Guanipa. El dirigente y exparlamentario de 61 años había sido liberado recientemente tras pasar nueve meses en prisión bajo cargos de conspiración; sin embargo, su libertad apenas duró 12 horas.
Este suceso ocurre en un momento crítico para el país, a solo dos días de que el Parlamento someta a votación la amnistía general promovida por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El arresto de Guanipa se produce en paralelo a otras excarcelaciones de figuras cercanas al entorno de Machado, marcando un escenario de contradicciones judiciales y políticas.
Denuncias de desaparición forzada
A pesar de que la Fiscalía General comunicó durante la madrugada una presunta violación de la libertad condicional —solicitando formalmente el arresto domiciliario del político—, tanto su familia como los bloques de oposición han catalogado el acto como una desaparición forzada. Según los testimonios recabados, la captura fue ejecutada por sujetos armados vestidos de civil poco después de que Guanipa abandonara las instalaciones de la Policía Nacional.
Durante una comparecencia ante los medios, su hijo, Ramón Guanipa, desmintió que se haya cumplido el traslado al domicilio y manifestó la profunda preocupación de su círculo cercano ante la falta de canales oficiales.
“Esto (el arresto domiciliario) en primera instancia no se ha dado. No nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. No tenemos información oficial de su paradero. Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está”.
Contexto de la crisis institucional
El caso de Guanipa se ha convertido en un emblema de las demandas de la oposición, que liderada por Machado, persiste en la exigencia de elecciones democráticas y garantías procesales para los disidentes. Mientras el oficialismo justifica la medida basándose en el incumplimiento de medidas cautelares, el sector opositor señala que estos movimientos buscan desestabilizar las negociaciones previas a la implementación de la ley de amnistía.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el centro de reclusión o el lugar exacto donde se encuentra el exparlamentario, lo que ha generado una ola de reclamos internacionales por la transparencia en el sistema de justicia venezolano.
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