Ciudad de México (18 de febrero de 2026) – Con el objetivo central de erradicar la impunidad en la administración pública, la Secretaría Anticorrupción ha anunciado la creación de un paquete de reformas legales. Esta iniciativa pretende otorgar reconocimiento oficial a la figura del agente encubierto, una herramienta que, aunque se emplea de forma cotidiana, carece actualmente del sustento jurídico necesario para prevalecer ante el Poder Judicial.
Blindaje jurídico en la lucha contra la corrupción
Durante la conferencia matutina, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, explicó que la ausencia de un marco legal sólido ha provocado que múltiples expedientes sean desestimados por jueces y ministros. Al no estar tipificada formalmente la participación de infiltrados en auditorías e investigaciones administrativas, las pruebas suelen perder validez durante el proceso judicial.
La funcionaria detalló la importancia de este cambio normativo:
“El tema es que muchas veces cuando se van estos casos, se van a juicio, se van a la Suprema Corte, se nos cae porque no se reconoce la figura”.
Una práctica histórica sin sustento formal
A pesar de la falta de regulación, el uso de colaboradores bajo identidad reservada es una estrategia de larga data en México. Según Buenrostro, tanto en el ámbito federal como en los estados se ha recurrido a la participación de empresarios, trabajadores y contribuyentes que actúan de manera encubierta para documentar actos ilícitos.
“El contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto se utiliza desde hace muchísimos años, muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales”.
El propósito de la reforma es transformar esta costumbre administrativa en una facultad legal plena. “Se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados”, puntualizó la secretaria.
Protección al denunciante y confidencialidad
Además del reconocimiento de los agentes, la propuesta legislativa contempla robustecer los mecanismos de seguridad para quienes deciden reportar irregularidades. Se busca que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones mediante protocolos estrictos de discreción.
Al respecto, la titular de Anticorrupción subrayó:
“Estamos proponiendo también muchos artículos que cuiden, pues, la confidencialidad, la discreción, cómo se manejan también las denuncias para que también la ciudadanía se sienta segura”.
Finalmente, Buenrostro reiteró que estas medidas forman parte de una política de cero tolerancia frente al desvío de recursos y el cohecho, enfocada en que las investigaciones lleguen a sentencias firmes y no se detengan por tecnicismos legales.
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