Ciudad Victoria, Tamaulipas (8 de enero de 2026).- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha completado la primera fase de su programa de modernización administrativa bajo la titularidad de la Magistrada Presidenta Tania Gisela Contreras López. Al cumplirse el primer centenar de días de su mandato en este 2026, el informe de actividades destaca una intervención profunda en la infraestructura judicial y los protocolos de eficiencia jurisdiccional en diversas sedes de la entidad.
Saneamiento de infraestructura y dignificación del servicio público
Bajo la línea estratégica denominada “El buen juez por su casa empieza”, la administración actual ejecutó 31 jornadas de mantenimiento técnico y limpieza profunda. Estas acciones resultaron en el retiro de 16 toneladas de desechos y la rehabilitación integral de 25 espacios de trabajo. Esta medida busca revertir el deterioro acumulado en los inmuebles donde se opera el Poder Judicial, estableciendo un estándar de orden para el ejercicio de la legalidad en México.
Respecto a la visión de esta gestión administrativa, la Magistrada Contreras López señaló:
“Hoy no venimos sólo a hablar de cifras, venimos a dejar claro que tenemos rumbo”.
La funcionaria vinculó el estado de los recintos oficiales con la percepción de la transparencia y la calidad en la impartición de justicia:
“La justicia no puede impartirse desde el abandono ni el desorden”.
Proyección de la reforma judicial y rendición de cuentas
Este plan de trabajo trasciende el mantenimiento físico, posicionándose como el eje de una reforma judicial interna que prioriza la optimización de recursos y la rendición de cuentas. La readecuación de las áreas operativas pretende agilizar los procesos administrativos, facilitando la labor de jueces y magistrados mediante un entorno que cumpla con los estándares de un servicio público profesional.
Con la integración de estos cambios estructurales, el organismo busca consolidar un modelo de justicia que responda a las demandas actuales de la sociedad tamaulipeca. La presidencia del Tribunal reafirmó que la claridad en los objetivos institucionales es la base para garantizar el pleno cumplimiento de la ley y fortalecer la confianza en el sistema de justicia estatal durante el resto del año.







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