La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que busca modificar el esquema de control estatal sobre la industria petrolera, atraer inversión extranjera y reactivar campos actualmente inactivos.
La iniciativa se da en un contexto marcado por negociaciones energéticas con Estados Unidos y por la venta de crudo venezolano que ya alcanza cifras cercanas a los 500 millones de dólares bajo nuevos mecanismos de control.
Durante su intervención, Rodríguez sostuvo que el modelo vigente “no responde a las condiciones actuales del mercado ni a las necesidades de recuperación del país”, y afirmó que la reforma pretende crear un marco “más flexible y competitivo” para la explotación petrolera.
La declaración apunta directamente a uno de los pilares históricos del chavismo: el control mayoritario del Estado sobre el petróleo a través de PDVSA.
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El proyecto plantea cambios sustanciales en la participación accionaria de la empresa estatal en empresas mixtas, permitiendo una mayor presencia de capital privado extranjero. De acuerdo con el texto presentado, la reforma estaría orientada especialmente a campos petroleros sin infraestructura operativa, cuya reactivación requiere inversiones que el Estado venezolano no está en capacidad de asumir por sí solo.
La propuesta llega en un momento político clave. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero, el nuevo gobierno interino ha buscado reposicionar a Venezuela en el tablero internacional, particularmente en el ámbito energético.
Washington, que durante años mantuvo severas sanciones sobre el sector petrolero venezolano, ha mostrado señales de pragmatismo al permitir operaciones limitadas de comercialización de crudo bajo esquemas supervisados.
En este contexto, Rodríguez reconoció que la reforma no es solo económica, sino también geopolítica.
Venezuela no puede quedar al margen del reordenamiento energético global”, señaló ante los legisladores, subrayando que el país posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero carece de la capacidad técnica y financiera para explotarlas plenamente bajo el marco legal actual.
Analistas consultados coinciden en que el proyecto busca enviar una señal clara a inversionistas internacionales, particularmente estadunidenses. La flexibilización del control estatal y la posibilidad de mayores retornos podrían abrir la puerta a nuevas asociaciones, aunque persisten dudas sobre la seguridad jurídica y la estabilidad política a mediano plazo.
No obstante, la iniciativa ha generado críticas dentro y fuera del Parlamento. Sectores nacionalistas advierten que la reforma podría significar una “entrega del control energético”, debilitando la soberanía sobre un recurso estratégico.
Legisladores opositores también cuestionaron la falta de detalles sobre los mecanismos de supervisión y el papel futuro de PDVSA.
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Rodríguez respondió a estos señalamientos asegurando que el Estado mantendrá facultades regulatorias y que “el petróleo seguirá siendo de los venezolanos”, aunque admitió que el modelo de gestión cambiará de forma significativa.
La reforma, dijo, no implica privatización total, sino una “modernización necesaria” para evitar el colapso definitivo de la industria.
La industria petrolera venezolana ha sufrido años de desinversión, mala gestión y restricciones internacionales, lo que ha provocado una caída drástica en la producción. Campos abandonados, refinerías deterioradas y fuga de talento técnico forman parte del diagnóstico que el propio gobierno reconoce.
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