Ciudad de México (5 de enero de 2026).- Una familia de misioneros originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que resultó lesionada tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
El escrito fue ingresado por sus representantes legales en la delegación metropolitana de la FGR, donde también se solicitó que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones relacionados con el proyecto ferroviario.
Víctimas viajaban en el vagón siniestrado
La familia afectada está integrada por Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis Iglesias Temich, quienes viajaban en el vagón que cayó al fondo de un barranco durante el accidente.
Los hechos dejaron múltiples personas hospitalizadas y, de acuerdo con reportes previos, al menos 14 fallecidos tras el siniestro ferroviario.
“Queremos que se castigue a los responsables”
Durante una conferencia ofrecida por los abogados afuera de la FGR, Juan Manuel Iglesias participó vía telefónica y explicó los motivos de la denuncia:
“Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos que colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Entonces, es por eso la demanda”.
El misionero subrayó que el impacto del accidente va más allá de apoyos institucionales.
“Más allá de la ayuda del gobierno, el apoyo económico de del gobierno federal, no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la la Navidad y hoy no están”.
Señalan omisiones de funcionarios y constructoras
El abogado Adrián Arellano detalló que la denuncia va dirigida tanto a funcionarios públicos como a empresas contratistas responsables de la construcción y rehabilitación del tramo ferroviario.
Las compañías señaladas son COMSA Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, las cuales, según la Auditoría Superior de la Federación, no cuentan con evidencia que respalde los trabajos por los que fueron contratadas.
Investigación por abuso de autoridad
Arellano precisó que los delitos se plantean de manera preliminar y será la FGR quien determine su configuración legal.
“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la Fiscalía General podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos, de que esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, todo este trabajo realizado, y porque la Auditoría Superior es muy clara, señala que no existe evidencia de los servicios contratados.
En consecuencia, aquí, evidentemente, debe haber un esclarecimiento de qué fue lo que pasó”.
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