Un grupo de legisladores demócratas introdujo este miércoles en la Cámara de Representantes la iniciativa “No Unauthorized War in Mexico Act” (Ley de No a una Guerra No Autorizada en México). El proyecto busca bloquear legalmente cualquier incursión militar en territorio mexicano que no cuente con el aval explícito del Congreso de Estados Unidos, tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico.
La propuesta fue liderada por el congresista Joaquín Castro, miembro del Subcomité del Hemisferio Occidental, junto con sus homólogos Sara Jacobs y Greg Stanton. La medida surge como una salvaguarda ante el riesgo de un conflicto armado que, según los legisladores, desestabilizaría la región y dañaría la relación con el principal socio comercial de Estados Unidos.
Alcance y restricciones presupuestales
El eje central de la iniciativa es la prohibición del uso de fondos públicos federales para financiar cualquier operación bélica en o contra México. De ser promulgada, esta restricción tendría vigencia inmediata y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026.
La ley contempla excepciones específicas bajo las cuales el uso de la fuerza sería legal:
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Una declaración de guerra formal por parte del Congreso.
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Una autorización estatutaria específica promulgada después de esta ley que cumpla con la Resolución de Poderes de Guerra.
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Acciones consistentes con la sección 2(c) de dicha resolución, referidas a emergencias nacionales por ataques contra territorio o fuerzas estadounidenses.
Impacto en la seguridad y estabilidad regional
En su exposición de motivos, los congresistas advirtieron que operaciones previas cerca de las costas mexicanas sin autorización legislativa ya han generado tensiones. Joaquín Castro calificó un posible conflicto como una “movida desestabilizadora” que provocaría una crisis humanitaria, migración masiva y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Por su parte, la congresista Sara Jacobs enfatizó que bombardear territorio mexicano no es una solución eficaz para la crisis del fentanilo. Stanton añadió que los objetivos de seguridad nacional deben alcanzarse mediante la cooperación bilateral y no a través de una confrontación armada en el “patio trasero” de la nación.
La iniciativa resalta que México no solo es un aliado estratégico en materia de seguridad, sino el socio económico más relevante de Estados Unidos, por lo que un conflicto militar pondría en riesgo miles de millones de dólares y empleos en ambos lados de la frontera.
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