Ciudad de México (18 de diciembre de 2025).- Ante la posible existencia de irregularidades, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) decretó la suspensión provisional de la licitación para el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos por un periodo de tres años, contrato cuyo monto podría alcanzar hasta 3 mil 98 millones de pesos.
La medida fue ordenada por Diego Emiliano Casas Lugo, titular de la Unidad Jurídica, Contenciosa y de Evolución Patrimonial del OIC, con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual permite detener un procedimiento cuando se advierta que existen o podrían existir actos contrarios a la ley.
Se trata de la segunda ocasión en menos de tres meses en que la FGR se ve impedida para adjudicar el contrato de su flota vehicular. El primer intento fue declarado desierto el pasado 24 de octubre y, aunque la dependencia relanzó la convocatoria, el 8 de diciembre volvió a suspender el proceso, esta vez de manera provisional y sin detallar inicialmente las causas.
La licitación contempla el arrendamiento de motocicletas, cuatrimotos, camiones, vagonetas, automóviles sedán híbridos y camionetas tipo pick up —sencillas y de doble cabina— para 65 unidades administrativas de la FGR en todo el país, con vehículos nuevos o con un máximo de 10 mil kilómetros recorridos, para el periodo 2025-2028.
El procedimiento se da en un contexto de tensión interna en la institución, luego de la destitución, el pasado 8 de agosto, de Arturo Serrano Meneses, ex titular del OIC, y de varios colaboradores, así como de la posterior acción penal en su contra, derivada de una denuncia por presuntos actos de corrupción relacionados precisamente con esta licitación.
Aunque los documentos públicos no detallan las posibles ilegalidades detectadas, sí refieren múltiples inconformidades de empresas participantes, que cuestionaron cláusulas consideradas restrictivas, como la exigencia de que el proveedor sea propietario del sistema GPS instalado en las unidades o los plazos de entrega establecidos. Varias de estas solicitudes fueron rechazadas por la FGR, al argumentar razones de seguridad operativa.
Entre las empresas interesadas en el contrato figuran Casanova Rent Volks, Jet Van Car Rental, Integra Arrenda, Flotirent, Grupo Turbofin, Car One Monterrey, entre otras.
La suspensión mantiene en pausa uno de los contratos más costosos de la Fiscalía, mientras el OIC analiza el fondo del procedimiento y determina si existieron violaciones a la normatividad vigente, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de contratación de la FGR.
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