La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó una “profunda preocupación” por los megaproyectos de gas fósil licuado (GFL) que se planean en el Golfo de California, al señalar que podrían vulnerar derechos humanos, dañar ecosistemas y alejar a México del cumplimiento del Acuerdo de París. La advertencia fue emitida en una carta oficial enviada al Gobierno mexicano y difundida por organizaciones civiles.
El documento, firmado por nueve relatorías especiales y fechado el 2 de septiembre, cuestiona la legalidad y compatibilidad climática de cuatro terminales de gas —Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG y GNL Cosalá— junto con dos gasoductos: Sierra Madre y Corredor Norte. De aprobarse su construcción, México podría convertirse en el cuarto exportador mundial de GFL, “a costa de la salud, los ecosistemas y el bienestar de las comunidades”, alerta la ONU.
Según la comunicación, avanzar con estos megaproyectos sin evaluaciones ambientales completas, sin transparencia y sin participación comunitaria pondría a México en riesgo de incumplir obligaciones internacionales, entre ellas el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y principios constitucionales de protección ambiental.
Los relatores también advierten sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica y la alteración de ecosistemas de alto valor ecológico. Señalan que estos proyectos podrían afectar derechos fundamentales como la salud, la alimentación, el desarrollo comunitario y el acceso a un ambiente limpio. “La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, recuerdan.
La intervención de la ONU ocurre tras una petición presentada en diciembre de 2024 por 25 personas de comunidades del Golfo de California y organizaciones civiles, quienes solicitaron apoyo para frenar la expansión fósil en una región considerada el “Acuario del mundo” por su riqueza biológica. Las comunidades pidieron acceso a información completa, consultas públicas y estudios independientes sobre riesgos para la salud, la pesca y el turismo.
Además de México, la ONU también envió comunicaciones a Estados Unidos, Singapur y a las empresas involucradas en los proyectos. Organizaciones civiles resaltaron que, con esta notificación, el país queda bajo “escrutinio internacional formal”, por lo que cualquier decisión que facilite la construcción será vista como responsabilidad directa del Estado.
Las agrupaciones solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum suspender permisos irregulares, detener evaluaciones en curso y garantizar el consentimiento libre e informado de comunidades indígenas. Asimismo, pidieron alinear la política energética con una transición justa que reduzca la dependencia de combustibles fósiles.
En su postura final, las organizaciones insistieron en que México tiene la oportunidad de demostrar su compromiso climático. “Ignorar este llamado sería asumir un costo político, ambiental y ético irreparable”, concluyeron.
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