Diputados locales aprueban dictamen que tiene como finalidad fortalecer la estructura y funciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, principalmente al incorporar la Unidad Especializada contra el delito de extorsión, además de atender diversas adecuaciones y actualizaciones de las unidades administrativas vigentes para un mejor desempeño en la materia.
La acción legislativa promovida por el ejecutivo estatal, establece en su exposición que el objeto de esta es actualizar la estructura y organización de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en atención a la relevancia de los delitos de alto impacto, como lo es la extorsión, y a las graves consecuencias que dicha conducta genera.
Por ello, el Gobernador de Tamaulipas, en su carácter de promovente y conocedor de estas necesidades para fortalecer la paz y la seguridad de las y los tamaulipecos, propone diversas reformas a la Ley Orgánica de referencia, vinculando sus disposiciones a las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con el fin de dotar a dicha institución de las áreas, unidades y facultades necesarias para investigar y sancionar la extorsión en su justa dimensión.
De manera particular, es de señalar que, a través de estas propuestas se incorpora la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Extorsión, como área encargada de intervenir en el esclarecimiento de aquellos hechos constitutivos de delitos en la materia, dando puntual seguimiento a las obligaciones y atribuciones del Ministerio Público, conforme a las disposiciones aplicables, se precisa en el dictamen.
Por otra parte, se determinan múltiples adecuaciones en diversas unidades administrativas, destacando el establecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica como una Coordinación General, así como la actualización de las nomenclaturas de la “Dirección Jurídica y de Amparos”, y de la “Dirección de Análisis Jurídico”, armonizándolas con las demás coordinaciones vigentes que forman parte de la competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
De lo anterior se desprende que las reformas propuestas, además de modernizar la estructura operativa de la Fiscalía Estatal, refuerzan las facultades de investigación y coordinación al interior de la misma, generando las condiciones normativas indispensables para la persecución eficaz del delito de extorsión, lo cual se vincula con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, al promover sociedades pacíficas, garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración en la materia.
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