Una juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero por 73.9 millones de pesos, recursos que habrían sido desviados del erario estatal entre 2011 y 2014. Además, se ratificó la prisión preventiva oficiosa, al considerar que existe riesgo de que el imputado obstaculice la investigación.
La resolución fue emitida por María Jazmín Ambriz López, jueza del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal contra el exmandatario estatal.
De acuerdo con la imputación, el Gobierno de Chihuahua transfirió 96 millones 685 mil 254 pesos a dos empresas en las que Duarte era accionista mayoritario: Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM. Del total, la FGR sostiene que 73 millones 925 mil 995 pesos, equivalentes al 76% de los recursos, fueron presuntamente ocultados mediante ocho operaciones financieras, dispersando el dinero entre distintas personas físicas y morales.
El expediente detalla que, una vez que los recursos ingresaban a las empresas del exgobernador, estos eran transferidos a otras compañías como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos, así como a negocios también vinculados a Duarte, entre ellos El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. La Fiscalía señaló que algunos depósitos habrían sido triangulados incluso a favor de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La jueza concedió un plazo de seis meses de investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la FGR como la defensa podrán reunir más pruebas. Este plazo vence el 9 de junio de 2026. Mientras tanto, Duarte permanecerá privado de la libertad.
Los abogados defensores Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz informaron que aún analizan si interpondrán un recurso de apelación o un amparo contra la decisión judicial.
Cabe recordar que César Duarte ya había sido procesado previamente por estos mismos hechos en el fuero común, bajo el delito de peculado, y enfrenta además otro procedimiento por un desvío de 120 millones de pesos. Con esta resolución, el exgobernador suma tres procesos penales desde su extradición de Estados Unidos en 2022, consolidando uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años. Para más contexto, puede consultarse información relacionada sobre casos de corrupción en gobiernos estatales y procesos judiciales contra exfuncionarios en México.
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