El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la ley antiextorsión en lo general por unanimidad de 110 votos, y en lo particular con 95 votos a favor de Morena, PAN, MC, PVEM y PT y 12 en contra del PRI.
La nueva normativa modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados por lo que será regresada a San Lázaro, a fin de que los diputados avalen los cambios hechos por el Senado, con los cuales se unificarán las penas para combatir este delito en todas las entidades del país.
De esta forma, se aumenta la penalidad por extorsión en general hasta 25 años de prisión; 33 años a quienes extorsionen a productores del campo; 37 años a quien cometa el delito contra uno o varios migrantes, menores, embarazadas o adultos mayores y 42 años contra montachoques.
La modificación a la minuta enviada por la Cámara de Diputados establece una sanción de 10 a 20 años de prisión para los servidores públicos que se abstengan de denunciar la comisión de los delitos relativos a la extorsión.
“La nueva ley incorpora un conjunto amplio de agravantes que permiten responder a la diversidad y a la cualidad de las distintas modalidades de la extorsión.
“Desde el denominado cobro de piso y la imposición obligatoria de precios, hasta el uso de menores, el uso de la violencia en cualquiera de sus formas y la comisión del delito desde centros penitenciarios.
“Estas agravantes establecen aumentos de pena proporcionales a la gravedad del hecho y buscan cerrar para siempre espacios de actuación a la delincuencia organizada”, dijo el senador de Morena, Enrique Inzunza Cazarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
La senadora del PAN, Mayuli Martínez, recordó que entre 2019 y 2025 la extorsión se disparó en México y se consolidó como uno de los delitos de mayor impacto, que afectan especialmente a los pequeños negocios, que reciben los embates del delito.
La legisladora panista destacó que Acción Nacional lleva años impulsando la homologación del tipo penal en las 32 entidades, la persecución de oficio, la protección de víctimas y el bloqueo de los flujos financieros y tecnológicos que permiten la comisión de este delito.
En ese sentido, reconoció que el dictamen recoge varias de las propuestas planteadas por su bancada.
También subrayó que la nueva ley contempla penas de 15 a 25 años, con agravantes que alcanzan hasta 42 años, además de sanciones más severas para servidores públicos involucrados en actos de extorsión.
No obstante, enfatizó que por más altas que sean las penas, una ley sin recursos para aplicarse “no va a detener la extorsión”.
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