Con el fin de prevenir y sancionar actos de violencia, el Congreso local aprobó reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, del Código Penal y de la Ley de Educación, para garantizar mejores condiciones de seguridad, integridad y protección para maestras, maestros y personal educativo en la entidad.
El dictamen incorpora medidas orientadas a prevenir, atender y sancionar actos de violencia contra quienes integran la comunidad educativa, además de establecer herramientas jurídicas para su defensa, acompañamiento psicológico y fortalecimiento de los protocolos institucionales que deben aplicarse en situaciones de riesgo.
Con estas reformas, se busca dotar al sector educativo de un marco de actuación más sólido, que permita atender problemáticas crecientes y asegurar un entorno escolar adecuado para el desempeño de sus funciones.
Durante su intervención, la diputada Blanca Aurelia Anzaldua Nájera señaló que estas reformas responden a la necesidad de ofrecer garantías más amplias a quienes cumplen una función social esencial, y subrayó que la protección al personal docente contribuye directamente al fortalecimiento de la educación pública y a la construcción de comunidades más seguras.
“Esta propuesta es necesaria y profundamente justa, pues responde de manera firme a una realidad que exige garantizar espacios seguros y entornos de desarrollo para quienes tienen en sus manos la noble tarea de educar”, resaltó la legisladora.
Con esta aprobación, el Poder Legislativo refrenda su compromiso con la defensa de los derechos de maestras, maestros y trabajadores del sector educativo, consolidando avances que fortalecen la seguridad escolar y promueven entornos libres de violencia, en beneficio de toda la niñez y juventud tamaulipeca.
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