Se exhorta a los 43 Ayuntamientos de la entidad para que elaboren, actualicen y fortalezcan sus protocolos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, garantizando que estos se implementen con perspectiva de género con el objetivo de reducir la incidencia de la violencia de género y prevenir feminicidios.
Juan Carlos Zertuche Romero, diputado del Partido Movimiento Ciudadano, indica que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
La violencia de género es un fenómeno complejo y preocupante que afecta a mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos y entornos, y que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y diversas organizaciones sociales para erradicarla, sigue siendo una realidad prevalente que se manifiesta de múltiples formas, acotó.
Destacó que la Constitución en su artículo lQ establece que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
De acuerdo al informe enero-febrero 2025 del SESNSP, las víctimas de delitos de feminicidio, rapto y tráfico de menores son en su totalidad mujeres, expresó.
De enero a febrero 2025, 6 entidades federativas concentran el 40.2% (51 víctimas) de víctimas de feminicidio, entre estas, Tamaulipas se encuentra en el segundo lugar empatado con 6 estados con el 5.9%, tan solo en el primer bimestre del año.
Derivado de las estadísticas mencionadas, es evidente que la violencia de género constituye una problemática estructural y sistemática que afecta gravemente a la sociedad, generando un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres y en la cohesión social de nuestras comunidades, lo que nos obliga a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y respuesta.
En este sentido, los Ayuntamientos, tienen la responsabilidad ineludible de adoptar medidas concretas y sostenibles que permitan prevenir la violencia de género y brindar una respuesta oportuna y eficaz a las víctimas, mediante la actualización y mejora de sus protocolos internos y la capacitación continua de sus servidores públicos en temas de perspectiva de género y derechos humanos, ya que ellos son el primer contacto con la sociedad.
Cabe destacar que la violencia de género es una problemática que debemos erradicar, por lo que es obligación de cada autoridad realizar las acciones pertinentes para evitar que incremente la violencia de género en los municipios, esto sin importar si tienen declarada la Alerta de Violencia de Género y tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres no siempre es visible o reportada de manera pública, puntualizó.
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