Tras la reciente advertencia del Gobierno de Donald Trump sobre el presunto adeudo de agua al concluir el ciclo quinquenal de 2025, integrantes del Consejo de Cuenca del Río Bravo aclararon que el Tratado de Aguas de 1944 establece que México tiene hasta octubre de 2030 para cubrir el volumen faltante correspondiente al ciclo 36.
El tratado permite reponer el faltante en el siguiente ciclo
Durante la reunión del Grupo Especializado del Consejo de Cuenca, los miembros señalaron que el faltante de 1,068 millones de metros cúbicos puede reponerse durante el ciclo 37, vigente hasta el 24 de octubre de 2030, tal como establece el acuerdo bilateral. Subrayaron que, bajo esta disposición, México no tiene un adeudo actual, sino un plazo legal para restituir el volumen a Estados Unidos con agua proveniente de los mismos tributarios del Río Bravo.
La aclaración responde a las presiones de Washington y del Gobierno de Texas, que exigen que México cumpla de inmediato con las obligaciones del tratado. Sin embargo, los consejeros recalcaron que el marco jurídico es explícito y otorga tiempo suficiente para equilibrar los volúmenes entregados.
Distribución del agua debe respetar la ley mexicana y el tratado
En la sesión también se revisó la distribución del recurso hídrico para el ciclo 2025-2026. Los integrantes del Consejo insistieron en que cualquier reparto debe apegarse estrictamente al Tratado de 1944, a la legislación mexicana vigente y a los acuerdos previos del propio organismo.
Recordaron que las aguas nacionales de los afluentes del Río Bravo están sujetas primero al uso internacional definido en el dictamen aprobado por el Senado en 1944. Posteriormente, quedan bajo el marco de la Constitución mexicana, la Ley de Aguas Nacionales y las disposiciones del Consejo de Cuenca.
Llamado al respeto irrestricto del marco legal
En un documento de cinco puntos, el Consejo precisó que el Tratado de 1944 es la norma suprema en materia de aguas internacionales y que cualquier decisión administrativa o política debe partir de su cumplimiento pleno. Añadieron que su responsabilidad estatutaria es “cumplir irrestrictamente” tanto con la Ley de Aguas Nacionales como con el acuerdo bilateral vigente desde hace más de ocho décadas.
La declaración busca frenar la tensión binacional y reafirma que México está actuando dentro del marco jurídico establecido, mientras se prepara para equilibrar el volumen faltante antes del cierre de 2030.
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