Urge liberar las carreteras. A nadie conviene que sigan cerradas, ni a los transportistas o productores porque ello dificulta llegar a acuerdos. Y es que el supremo gobierno no puede negociar bajo presión, sea que el poder no debe aceptar amenazas, algunas fuera de contexto, que le colocarían en difícil situación lo cual parecen no entender quienes mantienen cautiva (al menos a la hora en que se escribían estas líneas), a buena parte de la república.
Usted dirá que ante todo está el interés de la población y es cierto. De ahí la urgencia de resolver el problema. En este sentido debiera imponerse la institucionalidad, es decir hacer valer la ley y todo lo que significa. Y si grupos de la tendencia que sea, están aferrados a violentar el libre tránsito la autoridad está en la obligación de intervenir por la sencilla razón de que afecta a las mayorías. ¿De qué manera?, elemental: recuperando los espacios que pertenecen a todos.
Lo anterior implica aplicar la fuerza pública, no habría otro remedio, pero con moderación. No se trataría de un acto represivo considerando la afirmación de Doña Claudia respecto de que el diálogo está abierto y si los acuerdos no llegan es que algunas peticiones están fuera de la capacidad oficial para atenderlas, como el precio de garantía del maíz. Tampoco se atentaría contra el derecho de manifestación.
Los bloqueos ponen en riesgo el abasto de alimentos, por ejemplo, lo cual es suficiente para imaginar la gravedad del asunto que por sí mismo justificaría una intervención de orden federal mismo que no podría calificarse tampoco de autoritarismo. La 4T está lejos de tales supuestos dado que en última instancia se trata del bienestar colectivo.
De verdad os digo que el régimen morenista está a prueba, sin embargo, hay confianza en lograr soluciones y no resentimientos. No olvidéis que la oposición tiene metidas las sucias manos inventando toda clase de provocaciones en el objetivo de seguir soñando con la caída del sistema. Recordad que La Jefa recién dijo que entre más la ataquen, más se fortalece. Por algo hay atrás más de treinta años de lucha a favor de la justicia social.
Quedamos en la urgencia de recuperar las vías de comunicación sin lesionar la libre manifestación. Antes importante será desenmascarar a quienes echan gasolina al fuego y corresponde hacerlo de manera clara y abierta a la Presidenta de México. Nombres y apellidos para que no haya dudas sobre aquellos que atentan contra la república y sus habitantes. Pelaos estos.
La minoría rapaz aprovecha e incluye el rechazo a la nueva ley sobre aguas porque afecta privilegios tales como utilizar las concesiones vendiendo el vital líquido incluso a municipios. ¡Oiga!, negocio redondo ya que logran ganancias hasta de 300 millones apropiándose de un bien que generosamente la naturaleza nos obsequia. En este caso los terratenientes realizan extensa campaña haciéndose las víctimas de la transformación que toca las fibras más sensibles del influyentismo.
Por otra parte, hemos dicho que a los transportistas les asiste la razón al exigir seguridad en las carreteras, pero su inconciencia limita el derecho de los demás, y deje que algunos hasta parecen promotores de la hambruna. San Juditas Tadeo nos proteja.
SUCEDE QUE
Fiscalía estatal…sobre aviso no hay engaño.
Y hasta la próxima.
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