Con 413 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Código Penal Federal que fortalece las sanciones contra el delito de despojo, una de las conductas patrimoniales que más se ha extendido en el país durante los últimos años.
La propuesta integró iniciativas de distintos grupos parlamentarios y fue presentada en tribuna por el diputado Gerardo Ulloa Pérez, de Morena, en representación de la Comisión de Justicia, quien calificó el despojo como “un problema que lastima profundamente a nuestra sociedad”.
Explicó que detrás de cada caso hay historias de “dolor, abuso, injusticia, amenaza y violencia”, que reflejan la pérdida del patrimonio de miles de familias, al tratarse –dijo- de un delito que “no distingue colores ni ideologías y que últimamente ha golpeado a los sectores más vulnerables”.
El legislador expuso que esta conducta ilícita ha mostrado un incremento sostenido a nivel nacional, y puso como ejemplo el Estado de México, donde más de 42 mil casos de despojo fueron registrados entre 2015 y 2025, principalmente en municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco y Tecámac, en donde se concentran buena parte de los casos, “lo que refleja que el derecho a la propiedad continúa siendo vulnerado frente a la impunidad”.
Ante esta tendencia, el dictamen plantea incrementar las penas de prisión y las multas económicas, especialmente cuando el delito sea cometido por servidores públicos.
La pena actual es un insulto a la ciudadanía… este delito ha aumentado no solo por omisión o complacencia, sino por la complicidad de servidores públicos organizados con grupos criminales”, afirmó.
Ulloa Pérez explicó que la reforma busca cerrar espacios a la corrupción y fortalecer la capacidad del Estado para frenar estas prácticas, que en muchos casos involucran redes delictivas dedicadas a la invasión de predios, falsificación de documentos o apropiación violenta de bienes.
Desde la tribuna, llamó a los distintos partidos a votar a favor del dictamen, argumentando que se trata de una demanda social que trasciende cualquier diferencia ideológica.
Quienes han sido agraviados exigen justicia para proteger el patrimonio que durante tantos años lograron construir… debemos actuar de manera unificada. Este delito no distingue colores”, puntualizó.
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