Ciudad Victoria, Tamaulipas (27 de noviembre de 2025).- Al Cabildo de Victoria no ha llegado la reforma a la Ley de Tránsito aprobada por el Congreso del Estado para disminuir los montos de los cobros por el “arrastre” de vehículos a un corralón, o las multas por infracciones vehiculares, informó la regidora de Movimiento Ciudadano Melissa Mireles Escobedo.
“No nos ha llegado aquí al Cabildo algún comunicado o exhorto en ese sentido, pero de manera muy particular nosotros hemos estado trabajando”, refirió.
En ese sentido, dijo que al llevarse a cabo en el Cabildo de Victoria la votación del presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2026 se solicitó que la corporación de Tránsito tenga su grúa propia.
“Para que esto no le genere costos extras al ciudadano al tener que contratar grúas particulares que sabemos que los costos por ser un servicio particular es excesivo”, mencionó.
Mireles Escobedo dijo estar de acuerdo en disminuir los montos de las sanciones que actualmente se imponen a conductores infractores del Reglamento de Tránsito.
“Nosotros somos, al menos en Movimiento Ciudadano, somos antipunitivistas y creemos que la prevención no se encuentra en aumentar sanciones ni multas, sino en poder prevenir con concientización y con la ciudadanía por un lado”, mencionó.
Por último, la regidora de Movimiento Ciudadano rechazó que se esté dando un incremento de los operativos para detectar motos robadas.
“En el tema de los operativos, a mí, y lo que yo he logrado investigar y estar al tanto con la corporación, es que los operativos se han mantenido de la misma manera, al mismo ritmo y con la misma constancia que desde que inició la administración”, puntualizó.
“A mi parecer, a lo que yo estoy informada, no ha habido un aumento en ese sentido, ese es el modus operandi de la corporación desde que entró esta nueva dirección”, dijo para concluir.
Cabe recordar que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una iniciativa con proyecto de decreto promovida por la diputada de Morena Guillermina Magaly Deandar Robinson para reformar la Ley de Tránsito del Estado con el objetivo de garantizar que ninguna ciudadana o ciudadano sea obligado a pagar servicios de grúa y depósito vehicular, cuando se determine que no existió infracción o delito que justifique el arrastre de su vehículo.
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