Ciudad Victoria, Tamaulipas (12 de noviembre de 2025).- Integrantes de tres comisiones unidas, en reunión de trabajo aprobaron iniciativa con protecto de decreto mediante el cual se refornan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, propuesta hecha por los mimbros del pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.
En la exposición de motivos de la acción legislativa, se establece que el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas se encuentra en un momento de profunda transformación. No se trata solo de una reconfiguración técnica, sino de una reingeniería institucional que responde a una nueva visión: una justicia más eficiente, más cercana a la gente y capaz de adaptarse a los desafíos reales del siglo XXI.
Durante años, la organización del Poder Judicial ha permanecido prácticamente inalterada, a pesar de que el entorno social, la carga de trabajo y las necesidades de la ciudadanía han cambiado de forma acelerada. La presente propuesta no surge de una coyuntura aislada, sino del resultado de un análisis profundo y minucioso emprendido desde el 1 de octubre de 2025, fecha en que asumimos nuestras funciones.
A partir de entonces, se ha evaluado de manera integral la estructura operativa del Poder Judicial, las cargas de trabajo en cada región del estado y la capacidad institucional para responder con prontitud, equidad y eficacia. Este ejercicio de diagnóstico dejó en evidencia tres desafíos estructurales que afectan la calidad y el alcance de la justicia:
Un rezago judicial acumulado, que limita la resolución oportuna de los asuntos.
Una inequidad territorial que provoca que algunas regiones estén sobreatendidas y otras permanezcan desatendidas.
La carencia de juzgados con enfoque específico por materia, lo que impide que los asuntos sean resueltos por jueces con especialización jurídica en los temas que conocen.
Estos retos no son nuevos, pero por primera vez se abordan desde una visión estratégica de reingeniería institucional, que busca modernizar la organización interna del Poder Judicial, redistribuir recursos humanos y jurisdiccionales de forma más eficiente, y acercar la justicia a quienes más la necesitan.
Esta iniciativa se enmarca en la etapa de consolidación del nuevo modelo judicial surgido de la reforma de 2024, que instauró la elección directa de jueces y juezas por parte de la ciudadanía. Sin embargo, la legitimidad de origen debe complementarse con condiciones reales para que ese mandato se traduzca en resultados: órganos judiciales bien distribuidos, adscripciones que respondan a las necesidades territoriales, y una organización flexible que permita atender con oportunidad, especialización y equidad.
La reforma propuesta tiene como objeto dotar al Organo de Administración Judicial de tres facultades principales:
1,- Reorganizar el territorio judicial, redistribuir las adscripciones, y realizar cambios que respondan a una lógica de eficiencia y equilibrio en la carga de trabajo.
2.- Crear, fusionar o extinguir áreas administrativas o jurisdiccionales en función de las necesidades del servicio.
3.- Aproximar la justicia a la ciudadanía, mediante un rediseño institucional que refleje el mapa real de necesidades en los distintos distritos del estado tanto administrativo como jurisdiccional.
Estas acciones permitirán, por ejemplo, crear o fusionar juzgados en zonas con alta demanda, reubicar personal sin afectar derechos adquiridos y atender con oportunidad regiones que históricamente han estado desatendidas.
Discussion about this post