La multinacional surcoreana Samsung Electronics enfrenta una disputa fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México que amenaza con impactar su permanencia en el país. De acuerdo con informes financieros, la controversia se centra en una presunta doble cobranza del IVA derivada de operaciones de importación temporal dentro del programa IMMEX, utilizado por la industria fabricante de exportación.
El SAT exige a la compañía más de 300 mil millones de pesos, incluyendo recargos e intereses, una cifra que equivale a seis años de utilidades de la firma en el país. Ante este panorama, Samsung evalúa las implicaciones de continuar o ajustar sus operaciones en México, donde mantiene plantas en Tijuana y Querétaro.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, Samsung México reafirmó su compromiso con el cumplimiento fiscal y solicitó al Gobierno una resolución “justa y conforme a derecho”. La empresa destacó su papel en la economía mexicana, donde ha invertido durante casi tres décadas y genera miles de empleos directos e indirectos.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la inversión constante, el crecimiento sostenible y la contribución al desarrollo económico de México”, señaló la compañía.
Impacto potencial en la industria
Samsung es una de las mayores productoras tecnológicas establecidas en México:
Su planta en Tijuana fabrica hasta 16 mil televisores diarios.
En Querétaro , se producen electrodomésticos exportados al 80% del mercado de Norteamérica y Latinoamérica.
La eventual salida o reducción de operaciones tendría consecuencias significativas: pérdida de empleos, caída en exportaciones y la posibilidad de deteriorar la confianza de los inversionistas extranjeros en el marco fiscal mexicano.
Los analistas advierten que este caso podría generar un precedente en la relación del Estado con las empresas globales instaladas bajo el esquema IMMEX, pilar del comercio fabricante del país.
Por ahora, el SAT no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo señalan que mantendrá su exigencia de pago “en estricto apego a la ley”. Mientras tanto, el sector privado observa con cautela un conflicto que podría reconfigurar el panorama de inversión extranjera en México.
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