Se presenta ante el pleno legislativo, iniciativa que tiene como finalidad establecer en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios que el abandono, suspensión o cancelación injustificada de obras públicas sea considerado actividad administrativa irregular.
Francisca Castro Armenta, diputada local de Morena, indica en su exposición que la obra pública es un elemento esencial para garantizar el desarrollo social, económico y humano de una comunidad. Escuelas, hospitales, caminos, sistemas de agua potable y espacios públicos representan no sólo infraestructura física, sino también oportunidades de progreso y bienestar para la población.
El abandono o suspensión injustificada de obras públicas es un problema presente en diversos países, vinculado a deficiencias en planeación, corrupción y falta de supervisión, aseveró.
En naciones de la Unión Europea, como España e Italia, existen mecanismos legales para que los ciudadanos reclamen indemnización por daños derivados de obras públicas suspendidas o mal ejecutadas.
En América Latina, países como Colombia y Chile han implementado cláusulas de protección ciudadana en sus leyes de contratación y responsabilidad estatal, reconociendo el abandono de obra como causa de reparación.
Mientras en México, el problema de obras inconclusas ha sido recurrente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado múltiples casos de obras suspendidas, con recursos ejercidos sin beneficio público tangible
Algunas entidades federativas, como Querétaro, Chihuahua y Ciudad de México, han incorporado disposiciones legales específicas para responsabilizar a las autoridades cuando se abandona o cancela una obra pública sin causa justificada.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las obras inconclusas representan pérdidas millonarias y, en muchos casos, nunca son retomadas, lo que provoca un doble daño: el económico al erario y el social a la población beneficiaria
En Tamaulipas, es necesario cerrar este vacío normativo y tipificar expresamente el abandono de obra como actividad administrativa irregular, de manera que cualquier persona física o moral afectada pueda acceder a la indemnización correspondiente. Esto será un incentivo para que las autoridades planifiquen adecuadamente, supervisen con rigor y respondan por las consecuencias de sus actos u omisiones, puntualizó.
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